El diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, destacó que la discusión nacional sobre la iniciativa de Ley de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, presentada por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, abre una oportunidad histórica para consolidar un modelo de crecimiento económico con justicia social, en el que la inversión pública y privada se orienten a cerrar brechas regionales y garantizar derechos.
El legislador subrayó que la iniciativa que él presentó recientemente —Ley de Infraestructura para el Bienestar— parte de un diagnóstico claro: los esquemas anteriores de inversión, particularmente las asociaciones público-privadas, generaron desequilibrios, opacidad y una distribución inequitativa de beneficios, por lo que es indispensable construir un nuevo marco normativo centrado en el interés público, la transparencia y la rentabilidad social.
En este contexto, señaló que la propuesta del Ejecutivo federal —Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar— coincide en elementos fundamentales con su propia iniciativa, lo que refleja una visión compartida sobre el papel estratégico de la infraestructura como motor del desarrollo nacional.
Asimismo, ambas propuestas plantean mecanismos complementarios para organizar la inversión: mientras la iniciativa del diputado establece esquemas específicos como la inversión mínima, mixta e indirecta para regular la participación y los riesgos entre los actores, la iniciativa del Ejecutivo propone la creación de vehículos de coordinación de inversión —como los de propósito específico, esquemas mixtos y fondos públicos como el FONADIN— que permiten articular el financiamiento, la ejecución y la gobernanza de los proyectos bajo una estrategia integral de desarrollo.
Puntos en común
Entre las principales coincidencias entre ambas iniciativas destacan:
- La necesidad de fortalecer la inversión mixta como mecanismo para acelerar la ejecución de proyectos estratégicos, combinando capacidades públicas y privadas bajo la rectoría del Estado.
- La incorporación de la infraestructura como eje del bienestar social, orientando las inversiones a reducir desigualdades, mejorar el acceso a servicios y detonar el desarrollo regional equilibrado.
- El fortalecimiento de la planeación estratégica y la coordinación institucional, mediante nuevos instrumentos de gobernanza, evaluación de proyectos y mecanismos de seguimiento.
- La prioridad de proyectos en sectores clave como transporte, agua, energía y logística, con impacto directo en la competitividad y la calidad de vida de la población.
México enfrenta un rezago histórico en infraestructura
Ramírez Cuéllar enfatizó que ambas propuestas reconocen que México enfrenta un rezago histórico en infraestructura, particularmente en el sur del país, y que la inversión en este sector tiene efectos directos en el crecimiento económico, la productividad y la reducción de la pobreza.
Asimismo, destacó que su iniciativa profundiza en aspectos clave como la regulación de riesgos, la rendición de cuentas y la orientación social de los proyectos, con el objetivo de evitar esquemas donde se privatizan ganancias y se socializan pérdidas, y garantizar que cada inversión tenga un impacto tangible en el bienestar de la población.
“El país requiere reglas claras, instituciones sólidas y una estrategia de inversión que priorice a las personas. La coincidencia entre ambas iniciativas demuestra que existe una base sólida para construir un nuevo modelo de desarrollo con prosperidad compartida”, afirmó.
Finalmente, el diputado señaló que el reto ahora es consolidar un marco legal integral que permita movilizar mayores niveles de inversión —con metas superiores al 25% del PIB en los próximos años— y traducirlos en empleo, crecimiento y bienestar para todas las regiones del país.
