La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, estimó que a partir de los consensos que ha generado la reforma, junto con el aval de la mayoría de los congresos estatales, para abril esperan concluir el proceso legislativo para aprobar el “Plan B” en materia electoral.
Ayer, la Cámara de Senadores recibió el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual envió la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.
La senadora subrayó que con la reforma se reducirán privilegios y excesos en el ejercicio de la función pública; además, se fortalecerá la democracia con los cambios sobre la revocación de mandato, y los ahorros que se generen por la aplicación del proyecto se destinarán para beneficiar al pueblo de México.
Castillo Juárez recordó que la iniciativa se analizará en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.
“Allí se discutirá y la semana que entra nosotros calculamos que llegará al Pleno y, por tanto, allí se aprobará, según los cálculos que tenemos, a partir de estos consensos que se han generado con esta reforma”.
Una vez que sea aprobada en el Senado, la minuta se enviará a la Cámara de Diputados, donde se espera que sea respaldada por las comisiones y el Pleno de esa instancia, por lo que se remitirá a los diferentes congresos locales.
“Lo que se calcula es que será en este mismo mes de abril que se concluya con todo, sabemos que se atraviesa la Semana Santa, pero, con todo y eso, está considerándose la discusión en la Cámara de Diputados, y la aprobación podría ser ya en la semana de Pascua, y entonces sería todo el trámite legislativo que se tiene que llevar a cabo”, reiteró.
¿Qué propone la iniciativa?
La iniciativa propone modificar el artículo 134 de la Constitución para que todo ente público federal, estatal, municipal y de las alcaldías de la Ciudad de México ajusten sus remuneraciones a los límites que se establecen en el artículo 127 de la propia Carta Magna.
Además, se determinan los casos en los que se prohíbe la contratación de seguros de ahorro privados en beneficio de los servidores públicos usando recursos del Estado, tal como el Seguro de Separación Individualizado o las cajas de ahorro especiales, con excepción de aquellos derechos cuya obligación de otorgarlos derive de ley, contratos colectivos de trabajo o condiciones generales de trabajo.
Laura Itzel Castillo Juárez refirió que estas modificaciones constitucionales homologan los criterios salariales de los diferentes organismos y toma en consideración que tiene que haber cierto número de regidores y un síndico en la composición de los ayuntamientos.
El proyecto plantea una nueva integración de los ayuntamientos para que ajusten su composición a una persona síndica y a un máximo de quince personas regidoras por municipio, con lo que se evita que dicha integración se pervierta por criterios de utilidad, renta política o beneficios personales, y que responda en cambio a un genuino criterio de representación democrática.
