La Corte Suprema de Estados Unidos analiza la demanda que el gobierno de México presentó contra armerías. En caso de prosperar, podría sentar un precedente histórico en la regulación de la venta de armas y el combate al tráfico ilegal.
El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Pablo Arrocha, dijo que las autoridades mexicanas continúan su estrategia legal contra fabricantes y distribuidores de armas con dos litigios clave: uno en la Corte Suprema y otro en la Corte de Tucson, Arizona.
Al término de la audiencia en Washington, donde los jueces escucharon los argumentos de la contraparte, Arrocha hizo público el posicionamiento de la cancillería: “México interpuso esta demanda en 2021 contra los fabricantes de armas precisamente para detener la violencia que se deriva de este flujo ilícito, que a su vez da a las organizaciones criminales el poder de fuego para seguir operando, lo cual también resulta perjudicial a la población de Estados Unidos”.
«Se trata de un “río de hierro” que bombea hasta medio millón de armas, o más, cada año a México. Los fabricantes de armas estadounidenses, así como los distribuidores y los vendedores, alimentan este río, con pleno conocimiento de causa», externó.
Asimismo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha comprometido a detener el caudal del tráfico ilegal de armas de este río de hierro.
«Y si lo logramos, el pueblo de Estados Unidos, al igual que el pueblo de México, se beneficiará de ello. Para frenar a los cárteles, es imperante cortar el suministro de sus armas de fuego», sentenció Arrocha.
El gobierno de México espera conocer la decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, para proteger al pueblo de México, de la violencia y del sufrimiento causado por el tráfico de armas hacia nuestro país.
