El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, respondió a las declaraciones del expresidente Gustavo Petro, quien llamó a mantener una movilización permanente para exigir la salida del actual gobierno, durante las protestas nacionales del 19 de noviembre contra las políticas económicas de la administración.
En un pronunciamiento difundido la noche del jueves, De la Espriella rechazó cualquier intento de desconocer su mandato mediante acciones que atenten contra las instituciones. Aseguró que su llegada a la Presidencia fue resultado de la voluntad popular y recordó que obtuvo cerca de 13 millones de votos en las elecciones del 21 de junio de 2026.
«Este gobierno no nació de un golpe de Estado, no llegó al poder por las armas, ni se impuso desconociendo la voluntad popular», afirmó. También advirtió que no permitirá llamados que, desde su perspectiva, busquen desestabilizar el orden democrático.
La confrontación comenzó a escalar después de que Petro, durante una concentración en Cali, calificara de ilegítima a la actual administración y pidiera no esperar a las elecciones de 2027 o 2030 para impulsar un cambio político. El exmandatario llamó a ampliar las movilizaciones en las calles como mecanismo de presión contra el gobierno.
Sus declaraciones provocaron críticas de legisladores opositores, quienes las interpretaron como una posible incitación a un golpe de Estado. Sin embargo, especialistas consultados por medios colombianos ofrecieron distintas interpretaciones jurídicas: algunos consideraron que el discurso no constituye un llamado a un golpe, mientras otros advirtieron posibles implicaciones por promover el desconocimiento de la autoridad.
Las protestas del 19 de noviembre fueron convocadas por sindicatos, organizaciones sociales y el Pacto Histórico, principalmente contra una reforma tributaria presentada por el gobierno a finales de octubre. La jornada también reunió inconformidades por políticas laborales, económicas y de seguridad.
El enfrentamiento entre ambos dirigentes abre un nuevo capítulo de tensión política en Colombia, donde el derecho a la protesta y el respeto a las instituciones se encuentran en el centro del debate.










