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En México, miles de animales enfrentan diariamente situaciones de abandono, maltrato y condiciones que ponen en riesgo su vida y bienestar. Y aunque cada vez existe una mayor conciencia sobre la importancia de protegerlos, todavía persisten dificultades para garantizarles una vida libre de sufrimiento. Frente a esta realidad que se vive todos los días, avanzar hacia una legislación que reconozca sus necesidades y establezca responsabilidades para su protección es, sin duda, una buena noticia. Sin embargo, también nos obliga a preguntarnos qué se necesita para que estas disposiciones realmente se cumplan.

La iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para expedir la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, aprobada por el Senado de la República y actualmente en revisión en la Cámara de Diputados, representa un avance importante en el reconocimiento del bienestar animal como un asunto de interés público. La minuta busca prevenir el maltrato, establecer condiciones mínimas de cuidado y fortalecer la coordinación entre las autoridades responsables de su protección. Entre las medidas propuestas destacan la atención a animales en situación de abandono, las campañas de vacunación y esterilización, la regulación de establecimientos que mantienen animales bajo su cuidado y el fortalecimiento de las actividades de inspección y vigilancia.

Todas son medidas sumamente necesarias, pues proteger a los animales no debería depender únicamente de la voluntad de las personas o del esfuerzo de las organizaciones y rescatistas que, muchas veces con recursos propios, atienden situaciones difíciles que requieren una respuesta institucional.

No obstante, para que estas medidas tengan resultados, es necesario hablar de un tema que suele quedar en segundo plano cuando se reconocen nuevas obligaciones: el presupuesto. Muchas de las responsabilidades asignadas a los gobiernos estatales y municipales podrían generar necesidades adicionales de financiamiento. El desafío es todavía mayor cuando consideramos las diferencias económicas entre los municipios del país, pues mientras algunos cuentan con centros de atención y servicios veterinarios, otros tienen dificultades para sostener sus servicios básicos.

Esto significa que una misma obligación legal puede traducirse en condiciones de protección muy distintas dependiendo del lugar donde se encuentre un animal. Rescatar a un animal abandonado implica contar con personal que pueda atenderlo, un espacio seguro donde resguardarlo, alimento, medicamentos y atención veterinaria. Organizar campañas de esterilización requiere instalaciones, especialistas y materiales. Vigilar que los establecimientos cumplan con las condiciones de bienestar animal también demanda personal capacitado y recursos para realizar inspecciones. Todo cuesta.

En este sentido, uno de los aspectos que será importante considerar durante la implementación de la nueva legislación es la disponibilidad de recursos para que los gobiernos estatales y municipales puedan cumplir con las responsabilidades que les correspondan. Para ello, será conveniente avanzar en la identificación de las necesidades presupuestarias, fortalecer los mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y explorar alternativas que permitan aprovechar de manera eficiente los recursos disponibles, considerando las distintas capacidades institucionales y financieras de los municipios del país.

El propósito es que los avances legislativos se traduzcan en mejores condiciones de vida para los animales, independientemente del municipio donde se encuentren. Para un animal que necesita atención veterinaria, alimento o un lugar seguro donde resguardarse, el reconocimiento jurídico de su bienestar es fundamental, pero también lo es contar con instituciones capaces de brindarle atención. Proteger a los animales requiere recursos, pero también representa una inversión en el bienestar de nuestra sociedad.

Por otra parte, la propuesta contempla instrumentos económicos para fomentar el bienestar animal. En particular, el artículo 29 abre la posibilidad de utilizar estímulos fiscales, lo que representa una oportunidad para explorar mecanismos que incentiven mejores prácticas de cuidado y protección. Aunque esta disposición no implica la creación inmediata de nuevos beneficios tributarios, será importante que, en caso de desarrollarse, estos instrumentos cuenten con objetivos claros, criterios de acceso y mecanismos de evaluación que permitan conocer sus resultados y su impacto en las finanzas públicas.

Por ello, es necesario preguntarnos qué problema buscaría resolver cada incentivo, quiénes resultarían beneficiados y cuánto dejaría de recaudar el Estado por su aplicación. También sería importante analizar cómo evitar que estos apoyos se concentren en grandes unidades productivas, dejando fuera a pequeños establecimientos u organizaciones que realizan labores de protección animal, y cómo comprobar que los beneficios fiscales se traducen efectivamente en mejores condiciones de vida para los animales.

Contar con un marco general de bienestar animal representa un avance importante en la construcción de una sociedad más consciente y comprometida con el respeto y la protección de los seres vivos. Esta legislación también abre una oportunidad para fortalecer las capacidades institucionales, mejorar la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y avanzar hacia políticas públicas que permitan traducir el reconocimiento de los derechos y necesidades de los animales en acciones concretas que garanticen su cuidado y bienestar.

La protección de los animales también forma parte de nuestra responsabilidad con el medio ambiente y con la construcción de una sociedad más consciente del valor de la vida. Contar con un marco general de bienestar animal representa un avance importante que, además de reconocerlos como seres sintientes, abre nuevas oportunidades para fortalecer las políticas públicas, impulsar la participación social y consolidar una cultura de respeto y cuidado hacia todos los seres vivos.

Porque proteger a los animales es una responsabilidad que requiere tanto voluntad como acciones concretas. La nueva legislación constituye una oportunidad para avanzar en este propósito, acompañando sus disposiciones con los recursos, las capacidades institucionales y la coordinación necesarios para hacerlas realidad. El objetivo es que cada avance legislativo se traduzca en mejores condiciones de vida para los animales y en una sociedad cada vez más comprometida con su bienestar.

Angélica Pedraza Alarcón

Licenciada en Economía por la UNAM y Maestra en Economía por la misma institución. Es autora de la tesis “Implicaciones de los gastos fiscales en la recaudación tributaria en México: el caso del IVA e ISR (2000–2018)”, así como de diversos artículos y análisis publicados en medios. Ha colaborado en el Programa de Justicia Fiscal de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, donde desarrolló proyectos sobre beneficios fiscales para la transición energética, privilegios tributarios y el papel del presupuesto público frente al cambio climático. Actualmente se desempeña como asesora en temas económicos en la Cámara de Diputados, donde acompaña el análisis de las finanzas públicas, presupuestos y propuestas legislativas en materia fiscal y medioambiental.