Un tribunal de justicia de San Salvador sentenció a 15 años de prisión al activista de derechos humanos Fidel Zavala tras hallarlo penalmente responsable del delito de estafa agravada en perjuicio del patrimonio de tres víctimas por un monto de 4.025 dólares. De acuerdo con la acusación ministerial, entre noviembre de 2018 y febrero de 2021 el imputado captó fondos privados haciéndose pasar por representante de la firma Capital Investment Corporation, S.A. de C.V. bajo la promesa de retornos elevados en el mercado bursátil Forex, argumentando bloqueos de cuentas bancarias cuando los inversionistas exigían sus rendimientos.
Tras conocerse el fallo judicial, la organización no gubernamental Unidad de Defensa de los Derechos Humanos (Unidehc) denunció que la condena constituye una represalia política orquestada por el gobierno de Nayib Bukele para silenciar a Zavala, a quien identifican como un testigo clave en denuncias sobre presuntas torturas, muertes y abusos dentro del sistema penitenciario durante el régimen de excepción. La vocera del colectivo, Ivania Cruz, calificó la resolución como arbitraria, acusó falta de debido proceso y omisión de pruebas de descargo, y anunció la interposición de un recurso de apelación ante instancias superiores.
Zavala había sido imputado originalmente en 2022 y absuelto en 2024 tras 13 meses en detención provisional; no obstante, luego de presentar ese mismo año denuncias penales por maltratos en reclusión contra directivos penitenciarios y el ministro de la Defensa, la fiscalía apeló el sobreseimiento y reabrió la causa, deteniéndolo nuevamente en febrero de 2025. El caso ha sido seguido de cerca por Amnistía Internacional, organismo que previamente advirtió sobre la criminalización y el uso punitivo del derecho penal contra líderes comunitarios y defensores de garantías fundamentales en el país centroamericano.
