La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una reforma parcial a la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, con la que abre formalmente la generación y autogeneración de energía a la inversión privada y extranjera mediante un esquema mixto que contempla concesiones de hasta 25 años. La modificación legal busca inyectar capital a una infraestructura colapsada por más de una década de crisis y apagones continuos, agravada en el último año por el alza de la demanda interna y el proceso de apertura en la industria de los hidrocarburos.
El texto legal establece que la generación eléctrica podrá ser operada por el Estado, empresas mixtas o corporaciones privadas habilitadas por el Ministerio de Energía Eléctrica, especialmente en proyectos superiores a los 50 megavatios (MW) o que involucren redes de transmisión troncal y distribución regional. Durante el debate legislativo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, puntualizó que la reforma no representa una privatización del sistema, sino un marco de participación público-privada que obligará a las compañías, al vencer sus contratos, a transferir a la estatal Corpoelec todos los activos e infraestructura construida sin gravamen alguno, habilitando además mecanismos de arbitraje y mediación para resolver disputas contractuales.
En el sector de los hidrocarburos, la normativa exige a las compañías petroleras garantizar su propia suficiencia y estabilidad energética para actividades primarias a través de modelos de autogeneración, cogeneración o contratos con terceros. Dichas empresas no requerirán autorizaciones estatales para operar sus redes internas cerradas, salvo cuando busquen interconectarse a la red nacional. El ajuste institucional se produce mientras persisten las denuncias de sectores técnicos y opositores por falta de inversión y mantenimiento preventivo, frente a la promesa de la administración encabezada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de estabilizar el suministro en el corto plazo.
