El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión tras haber sido formalmente imputado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, en el marco de la investigación judicial vinculada al escándalo financiero de la entidad bancaria Ueno Bank.
Como parte del proceso penal y ante el riesgo de obstrucción a la justicia o peligro de fuga, las autoridades judiciales determinaron imponerle la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el exmandatario permanece recluido bajo estricta custodia en una unidad militar. Las pesquisas fiscales indagan presuntas maniobras irregulares y desvío de recursos que habrían favorecido a la estructura financiera durante su gestión gubernamental, provocando un severo perjuicio patrimonial.
La apertura del proceso contra Peña marca un hecho sin precedentes en el panorama político paraguayo reciente, activando intensos debates jurídicos sobre el alcance de las responsabilidades directas en operaciones bancarias del Estado. Mientras la defensa técnica del exgobernante alista los primeros recursos procesales para intentar revertir el régimen carcelario preventivo, los fiscales asignados a la causa avanzan en la recolección de pruebas documentales y auditorías contables para sustentar la acusación definitiva en juicio oral.
