La Justicia de Paraguay emitió una orden formal de captura contra Santiago Peña, apenas horas después de que el Congreso Nacional concretara su destitución como presidente de la República mediante juicio político. El mandato judicial fue dictado en el marco de las investigaciones penales abiertas por su presunta responsabilidad en delitos financieros, administración fraudulenta y conflicto de intereses vinculados a la caída e intervención del Ueno Bank, entidad bancaria estrechamente ligada a su círculo político y económico.
La medida cautelar busca evitar el riesgo de fuga y asegurar la comparecencia del ahora exmandatario ante los tribunales correspondientes, luego de que la pérdida de sus fueros presidenciales dejara vía libre a la Fiscalía General del Estado para actuar por la vía penal ordinaria. Fuerzas de seguridad desplegaron operativos de vigilancia en puntos fronterizos, terminales aéreas y propiedades del exjefe de Estado en Asunción para hacer efectivo el mandamiento judicial emitido por el juzgado de garantías a cargo de la causa.
La caída y posterior orden de aprehensión contra Peña sellan el colapso definitivo de su administración, precipitada tras el rechazo legislativo a sus solicitudes de prórroga y el quiebre de los consensos políticos ante el impacto del escándalo bancario que dejó pérdidas millonarias en el erario público y fondos de jubilaciones. El relevo en la titularidad del Poder Ejecutivo se activó de forma inmediata conforme a la línea de sucesión constitucional, mientras las autoridades judiciales avanzan en el aseguramiento de bienes e indagatorias a excolaboradores de su gabinete.
