El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó solicitar formalmente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión integral sobre las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del periodo 2016-2026, tras recientes señalamientos relacionados con contrataciones públicas.
Como medida complementaria, el órgano administrativo avaló un Plan de Acción Crítico para garantizar la continuidad operativa de las licitaciones indispensables de cara al Proceso Electoral Federal Concurrente 2026-2027, asegurando el resguardo inmediato de expedientes físicos y digitales y la actualización del padrón de proveedores.
Durante el debate del acuerdo, consejeras y consejeros respaldaron la fiscalización bajo la premisa de no dejar contratos sin revisar. La consejera Carla Humphrey Jordan demandó cambios de fondo en la gestión administrativa institucional al exigir más licitaciones y menos adjudicaciones directas, puntualizando que la rendición de cuentas forma parte sustancial de la vida democrática.
Por su parte, el consejero Arturo Castillo Loza calificó la situación como la crisis histórica más grave que ha vivido la institución, por lo que respaldó las acciones extraordinarias de control interno y llamó a la Fiscalía General de la República a valorar las diligencias pertinentes, incluida la eventual aplicación del artículo 19 constitucional en materia de delitos de corrupción.
