La presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre una investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que identifica una presunta red de colusión en la contratación de materiales y servicios electorales, vinculada a las empresas de los hermanos Hernández Casillas, cuya operación se remonta a hace 27 años.
Durante la Mañanera del Pueblo, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que los antecedentes de esta red se encuentran en la década de 1980, cuando los hermanos Hernández Casillas trabajaban en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO); posteriormente, en 1988, se constituyó Cartonera Plástica y, en 1992, Formas Finas Fernando Fernández.
De acuerdo con la investigación, en 1999 Cartonera Plástica comenzó a participar como proveedora electoral en el Estado de México y, en 2005, obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos del Instituto Electoral estatal para suministrar material electoral.
Ese año se denunciaron presuntas irregularidades y sobornos, situación que derivó en la renuncia de siete consejeros electorales.
La secretaria detalló que entre 2012 y 2013 las empresas de los hermanos diversificaron sus contratos con organismos electorales de entidades como Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo.
Posteriormente, entre 2015 y 2023, periodo en el que Lorenzo Córdova presidió el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) otorgaron contratos a estas empresas por un monto conjunto de 2 mil 94 millones de pesos.
La investigación también identificó que, entre 2024 y 2025, durante la presidencia de Guadalupe Taddei en el INE, la misma red empresarial obtuvo contratos por 646.3 millones de pesos con 15 de los 32 OPLE.
Sheinbaum sostuvo que las presuntas irregularidades no comenzaron con la actual administración del INE y pidió que se investigue a todos los posibles involucrados.
Buenrostro señaló que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación identificar las irregularidades y, en su caso, promover sanciones o presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República o la Unidad de Inteligencia Financiera.
La presidenta anunció que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México, con la participación de más dependencias e instituciones académicas en su Consejo de Administración y la ASF como observadora, con el objetivo de que el material electoral sea fabricado por esta empresa del Estado y otros insumos sean adquiridos a compañías mexicanas.
