La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a 25 personas físicas y 15 personas morales vinculadas con el sector de proveedores electorales, tras detectar movimientos bancarios que exhiben inconsistencias y ameritan una revisión legal exhaustiva.
La autoridad fiscalizadora precisó que la medida posee naturaleza preventiva y administrativa dentro del marco regulatorio vigente, por lo que no constituye una sanción definitiva y permite a los involucrados ejercer su derecho de audiencia y defensa jurídica.
A la par del congelamiento de activos en el sistema bancario nacional, la dependencia federal interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que el ministerio público inicie las investigaciones ministeriales correspondientes y determine las responsabilidades penales derivadas del flujo financiero.
Con estas acciones, la entidad gubernamental refrendó su compromiso con el combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, enfatizando el apego al debido proceso, la presunción de inocencia y la coordinación con las instancias procuradoras de justicia.
