Tras dos días de intensos debates y confrontación con la oposición, el Congreso de Colombia aprobó la ley de sometimiento a la justicia para integrantes de grupos armados ilegales. El presidente Abelardo de la Espriella celebró la ratificación de esta iniciativa, diseñada por el ministro de Justicia, Iván Cancino, para fortalecer la seguridad nacional.
La normativa obtuvo respaldo mayoritario en ambas cámaras: el Senado la avaló con 57 votos a favor y la Cámara de Representantes con 95. Ante los cuestionamientos, el Ministerio de Justicia rechazó que existan beneficios de impunidad, asegurando que se descartó la suspensión de capturas y extradiciones, al tiempo que se endurecieron las penas contra los reclutadores.
En contraste, legisladores del Pacto Histórico criticaron duramente el articulado. La representante María Fernanda Carrascal advirtió que el proyecto presenta deficiencias estructurales, señalando que la ley vulnera los derechos de las víctimas y representa riesgos para la protesta social.
Con este aval, la administración de De la Espriella consolida un giro radical frente a la política de paz anterior. El nuevo marco jurídico busca dotar al Estado de herramientas coercitivas para combatir a las organizaciones dedicadas a economías ilícitas y actividades terroristas.
