Durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Carvente Contreras, reveló que los contratos con presuntas anomalías exhibidos durante la presidencia de Guadalupe Taddei equivalen apenas al 4 % del universo total, por lo que resta auditar el 96 % restante.
En el marco de la rendición de cuentas, el funcionario informó la aplicación de medidas sancionatorias e inhabilitación contra la firma Bell-Krom tras incurrir en incumplimientos contractuales críticos: «Esta empresa tenía la obligación contractual de suministrar 25 mil 302 chalecos, pero únicamente entregó en tiempo 7 mil 267, quedando un faltante de 18 mil 35 unidades», expuso ante legisladores.
Ante este panorama, el contralor confirmó el inicio de una investigación de oficio de amplio alcance, la cual trasciende a la estructura del INE para indagar a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), así como a las redes de proveedores y servidores públicos presuntamente coludidos.
De acuerdo con los hallazgos preliminares, las autoridades detectaron que dos consorcios empresariales concentraron operaciones por 8 mil 870 millones de pesos entre 2014 y 2026 en diversas instituciones públicas, de los cuales 3 mil 790 millones de pesos provinieron directamente de organismos electorales locales.
Asimismo, Carvente Contreras denunció la existencia de un cártel de proveedores integrado por cinco compañías: Cajas Graft, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY y Seriplast México, las cuales han acaparado las licitaciones de material electoral durante más de una década.
«Hemos detectado que al menos desde 2014 hasta cinco empresas con vínculos entre sí, que comparten representantes legales y socios, han simulado competencia y captaron alrededor de 2 mil 461 millones de pesos; la concentración del mercado ha alcanzado el 77 % por parte de este grupo», advirtió el contralor, subrayando que se trata de un esquema estructural e histórico de presunta colusión.
