Diversas organizaciones de asistencia legal presentaron una demanda judicial en Estados Unidos para frenar la política migratoria que oculta la ubicación de personas bajo custodia que ya cuentan con una orden final de deportación, informó la agencia Associated Press (AP).
La medida, implementada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), afecta a más de 16 mil personas detenidas, a quienes se les dificulta de forma crítica el acceso a representación jurídica, la comunicación con defensores y la tramitación de recursos de última instancia antes de ser expulsadas del país.
De acuerdo con el recurso legal citado por AP, los demandantes sostienen que la disposición de las autoridades viola la Ley de Procedimiento Administrativo, debido a que fue impuesta sin una justificación pública fundamentada, además de vulnerar la Primera Enmienda constitucional al restringir el derecho de los abogados a asesorar legalmente a posibles representados.
Ante ello, las organizaciones solicitaron una orden judicial de emergencia para frenar esta práctica, argumentando que mantener en secreto el paradero de los migrantes no solo genera retrasos procesales graves, sino que propicia expulsiones expeditas sin las garantías mínimas del debido proceso.
