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Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una asignación presupuestaria federal de 14 mil millones de pesos para resolver de manera definitiva la crisis en el abastecimiento y saneamiento hídrico que aqueja a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Con este paquete de infraestructura, la presidenta salva a Jalisco del problema histórico de agua turbia y de mala calidad que padecen miles de familias en la entidad.

De manera complementaria, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, precisó que la federación destinará de dicha partida 9 mil 300 millones de pesos para edificar un nuevo acueducto de 42 kilómetros, además de ejecutar la ampliación y modernización integral de la capacidad operativa de la principal planta potabilizadora regional.

Al sumar las aportaciones presupuestales de los órdenes estatal y federal, la bolsa conjunta alcanzará los 24 mil 700 millones de pesos. El esquema financiero se diseñó bajo una premisa central: garantizar el derecho al agua sin contratar deuda pública y sin concesionar ni privatizar el servicio.

Una década de denuncias ciudadanas y omisiones en el SIAPA

La intervención directa del Poder Ejecutivo Federal responde a la ola de reclamos e inconformidad ciudadana dirigida hacia las autoridades locales. En semanas recientes, colonos de diversos municipios conurbados difundieron testimonios gráficos y grabaciones donde se constató el flujo de líquido visiblemente turbio, con sedimentos y fétido directamente desde los grifos domésticos.

No obstante, las fallas técnicas y sanitarias no constituyen un fenómeno aislado:

2016 (Administración de Jorge Aristóteles Sandoval): Iniciaron los reportes sistemáticos de suciedad en la red hidráulica en múltiples colonias, obligando a las familias a comprar garrafones para cocinar y asearse.

2020 (Gestión de Enrique Alfaro Ramírez): Las quejas se dispararon al registrarse afectaciones formales en 140 colonias, rebasando las 126 del año previo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) inició expedientes de queja, mientras la dirección del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) minimizaba la turbiedad aduciendo el temporal pluvial.

14 de febrero de 2022: La CEDHJ emitió la Recomendación 10/2022 por violaciones flagrantes al derecho humano al agua salubre y al saneamiento, resolución que fue desacatada por los entes gubernamentales involucrados.

2024 – 2025: Asociaciones civiles y colonos recurrieron a juicios de amparo. Peritajes independientes y estudios periodísticos corroboraron la presencia de coliformes fecales, algas, residuos vegetales e invertebrados en el caudal suministrado por el SIAPA en demarcaciones como Tonalá.

De las calles al plan federal: la intervención tras la manifestación del 11 de octubre

Pese a diez años continuos de denuncias formales, el gobierno estatal postergó las inversiones estructurales de mantenimiento. El malestar social derivó el pasado 11 de octubre en una manifestación pacífica que fue disuelta mediante el uso de la fuerza pública por corporaciones locales, dejando un saldo de más de 30 personas detenidas.

Ante estos hechos, el gobierno federal censuró el repliegue con gases lacrimógenos y ratificó su rechazo a esquemas de privatización. A partir del 12 de octubre, la presidenta Sheinbaum instaló una mesa de coordinación técnica para trazar la ruta de rescate.

Los recursos federales provendrán de economías obtenidas en otros frentes de la Conagua, complementados con adecuaciones fiscales programadas para los ejercicios 2027 y 2028. En paralelo, las auditorías de la dependencia federal detectaron 150 tomas y descargas residuales clandestinas, de las cuales 80 ya fueron clausuradas.

En la actualidad, la matriz hídrica de la ZMG se distribuye entre el lago de Chapala (50%), pozos profundos (28%) y el sistema Zapotillo-San Gaspar (22%). Con la ejecución de las nuevas obras, a cargo técnico y constructivo del Gobierno de México, se evitará la contratación de pasivos bancarios que proyectaban hasta 56 mil millones de pesos en deuda para las finanzas de Jalisco, en tanto que la red secundaria y distribución continuará bajo la gestión operativa del SIAPA.