Una profunda crisis política enfrenta el gobierno chileno tras revelarse que 56 personas sentenciadas por violación y abusos sexuales contra menores de edad obtuvieron reducciones de condena mediante decretos ejecutivos durante los últimos seis meses, encontrándose actualmente en libertad.
De acuerdo con una investigación periodística de Radio Bío-Bío, los beneficiarios obtuvieron su excarcelación sin notificación previa a las víctimas o a sus familias, y pese a dictámenes técnicos de Gendarmería que alertaban sobre un alto riesgo de reincidencia, frialdad y ausencia total de remordimiento en la mayoría de los reclusos indultados.
La controversia ha puesto en el centro de los reclamos al ministro de Justicia, Fernando Rabat, firmante de 22 de estos decretos, a quien la oposición ya prepara una acusación constitucional para destituirlo e inhabilitarlo de la función pública.
Rabat intentó justificar las medidas alegando fallos previos de la Corte Suprema en recursos de amparo, postura que fue desestimada públicamente por la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chévesich, quien aclaró que el Ejecutivo no estaba legalmente condicionado a conceder rebajas de pena; ante este escenario, legisladores de la propia bancada oficialista demandaron su renuncia inmediata para evitar un mayor impacto a la administración del presidente José Antonio Kast.
