La determinación del Ministerio de Ambiente de Colombia de revocar la resolución 0961 de 2026, normativa aprobada en los últimos días del mandato de Gustavo Petro para declarar al bioma amazónico como reserva definitiva de recursos naturales y prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos en el 42% del territorio nacional, detonó un fuerte choque político entre la administración actual y exfuncionarios del sector ecológico.
La disposición derogada blindaba más de 483 mil kilómetros cuadrados contra actividades extractivas en los departamentos del sur del país. El actual ministro de Ambiente, Fabio Arjona, argumentó que la anulación responde a un vicio de procedimiento, pues la norma original se expidió sin haber concluido la consulta previa obligatoria con comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras, además de generar incertidumbre económica regional sin alternativas de desarrollo.
En contraste, la exministra Irene Vélez acusó a la gestión gubernamental de debilitar los candados ecológicos para beneficiar la extracción de minerales estratégicos y tierras raras, alertando sobre los riesgos que esto representa para los sumideros de carbono y la estabilidad del ciclo hídrico nacional.
