Fiscales del Departamento de Justicia sufrieron un revés judicial tras revelarse que intentaron obtener una acusación formal por parte de un gran jurado contra la exasesora de la Casa Blanca, Cassidy Hutchinson, por su comparecencia y declaraciones relativas a la conducta del presidente Donald Trump durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.
Durante una audiencia preliminar celebrada este martes, un representante del ministerio público federal notificó al juez de la causa que el colegiado ciudadano emitió un «voto disidente», determinación procesal que formaliza el rechazo absoluto a los cargos penales promovidos por el gobierno. Aunque el litigante no nombró explícitamente a la imputada, fuentes cercanas al caso confirmaron que la indagatoria señalaba directamente a Hutchinson.
La ofensiva ministerial contra la exfuncionaria generó cuestionamientos sobre la viabilidad probatoria del expediente, desatando críticas bipartidistas en el Congreso. El senador republicano Bill Cassidy calificó la maniobra judicial como un claro ejercicio de persecución política.
Hutchinson, quien fungía como asistente principal del jefe de gabinete Mark Meadows, ofreció testimonios de alto impacto público en los que aseguró que el mandatario estaba enterado de la presencia de manifestantes armados y exigió retirar los filtros de seguridad antes de su marcha hacia la sede legislativa. Asimismo, relató incidentes sobre un presunto altercado físico entre Trump y un agente del Servicio Secreto al negársele el traslado hacia el recinto parlamentario.
No obstante, el exfiscal especial Jack Smith reconoció previamente ante legisladores que la excolaboradora no figuraba como una pieza procesal determinante en su investigación principal, dado que buena parte de sus aseveraciones correspondían a testimonios referenciales o de segunda mano. Con el dictamen del gran jurado, el intento de procesar penalmente a la testigo queda neutralizado por falta de elementos constitutivos de delito.
