La jueza federal Loren Alikhan ordenó a la administración del presidente Donald Trump presentar la justificación legal y operativa detrás de los presuntos planes para desplegar agentes federales en centros de votación, a escasos ocho días de las elecciones de medio mandato y tras reportes de intimidación a electores por parte de cuerpos migratorios durante el voto anticipado.
La resolución fijó como plazo límite este lunes para remitir los expedientes y estableció que, a más tardar el miércoles, la autoridad federal debe entregar los análisis de riesgos y amenazas que fundamenten el eventual envío de personal armado a las urnas.
El dictamen acumula múltiples recursos legales interpuestos de manera conjunta por el gobierno local de Denver, Colorado, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), organizaciones hispanas como LULAC y UnidosUS, representaciones sindicales y legisladores del Partido Demócrata.
Los promoventes acusan que la Casa Blanca delineó directrices para movilizar elementos del FBI y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a los comicios, advirtiendo que dicha presencia busca coaccionar a los sufragantes y contraviene la Ley de Derecho al Voto.
En contraparte, el equipo legal del Ejecutivo rechazó las imputaciones en tribunales, asegurando que las demandas carecen de sustento documental respecto a directivas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y desestimando los señalamientos como meras especulaciones procesales.
