La Secretaría de Hacienda y Crédito Público colocó 40 mil millones de pesos en instrumentos de deuda sostenible, en una subasta que recibió solicitudes por 104 mil 531 millones de pesos, equivalentes a 2.61 veces el monto asignado.
La operación se realizó el 15 de octubre, como parte del programa de financiamiento del Gobierno federal para 2026. La demanda superó ampliamente la cantidad ofrecida, aunque este indicador refleja el interés por los instrumentos en esa subasta y no constituye, por sí solo, una evaluación general de la economía mexicana.
Del total colocado, 33 mil 400 millones de pesos correspondieron a Bondes G, instrumentos de tasa variable vinculados a la TIIE de Fondeo de Banco de México, con vencimientos de dos, tres, cuatro y seis años. Los 6 mil 600 millones restantes se asignaron al Bono S, a diez años, con un cupón fijo de 8 por ciento y un rendimiento de colocación de 9.36 por ciento.
La diferencia entre ambos instrumentos permite al Gobierno diversificar sus fuentes de financiamiento y distribuir sus obligaciones entre distintos plazos. Mientras los intereses de los Bondes G se ajustan a las condiciones de las tasas de corto plazo, el Bono S establece un cupón predeterminado.
Hacienda señala que los instrumentos sostenibles se enmarcan en criterios vinculados con objetivos sociales y ambientales, bajo el Marco de Referencia Soberano de Financiamiento Sostenible y la lista de gastos elegibles de 2026. Este esquema busca transparentar la asignación presupuestaria hacia proyectos que contribuyan a esas metas.
Sin embargo, la etiqueta sostenible no significa que todo el dinero se entregue directamente a proyectos nuevos ni que cada peso tenga un destino exclusivo identificado al momento de la subasta. La rendición de cuentas depende también de los reportes de asignación e impacto previstos en el marco.
La dependencia informó que la operación se mantuvo dentro de los límites de endeudamiento autorizados por el Congreso para 2026 y conforme a la Ley Federal de Deuda Pública. El reto será mantener la capacidad de financiamiento y documentar de manera transparente el uso de los recursos vinculados con los objetivos sostenibles.
