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El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que está cerca de alcanzar un acuerdo con el Gobierno federal para construir el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, una negociación que podría modificar el esquema de financiamiento privado propuesto inicialmente por su administración.

El mandatario informó el 16 de octubre que analiza alternativas con la Federación, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), incluida una inversión compartida entre los gobiernos estatal y federal. Lemus confía en que los recursos queden contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, aunque hasta ahora no se ha anunciado un acuerdo definitivo.

El cambio es relevante por el costo de la propuesta enviada al Congreso de Jalisco. De acuerdo con La Jornada, el proyecto contempla contratos de hasta 20 o 25 años, con pagos máximos acumulados de 39 mil 688 millones y 48 mil 296 millones de pesos, respectivamente, sin IVA y a precios de agosto de 2026. Los pagos anuales podrían superar los 2 mil 500 millones de pesos.

En contraste, la inversión inicial estimada para construir la obra mediante financiamiento público directo ronda los 12 mil millones de pesos, más IVA. Las cantidades no son equivalentes: el esquema privado incluye compromisos de operación y mantenimiento durante años, además de la construcción.

La discusión ocurre mientras la Zona Metropolitana de Guadalajara enfrenta una crisis de abastecimiento y calidad del agua. Desde el 15 de octubre, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado aplica un programa de rotación del suministro que afecta a 627 colonias y está previsto hasta marzo de 2027.

El nuevo acueducto busca sustituir infraestructura deteriorada y reducir pérdidas de agua, pero aún falta definir el financiamiento, el calendario y las condiciones de ejecución. La iniciativa privada no ha sido formalmente cancelada y el Congreso estatal todavía debe resolver el proyecto.

Por ahora, la principal novedad es la negociación federal. Su resultado determinará quién aporta los recursos, cuánto costará la obra a largo plazo y cómo se garantizará el suministro para la población.