La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó a 10 antiguos mandos de las FARC por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 1996 y 2016 contra cinco pueblos indígenas de la Amazonía y la Orinoquía. Entre los acusados figuran tres integrantes de su último Secretariado: Joaquín Gómez, El Médico y Carlos Antonio Lozada.
El tribunal determinó que la violencia guerrillera provocó muertes, desplazamientos y un grave desarraigo territorial que amenazó la supervivencia de las comunidades Nükak Baká, Koreguaje, Siona, Hitnü y Jiw. La investigación acreditó 1,134 victimizaciones que impactaron a una población de más de 10 mil personas en los bloques Sur y Oriental.
Los delitos atribuidos incluyen exterminio, asesinato, desaparición forzada, tortura y daños ambientales mediante minas antipersonal. La JEP documentó un patrón sistemático para destruir el gobierno propio de las comunidades, atacando de forma selectiva a médicos ancestrales, caciques y docentes acusados arbitrariamente de colaborar con rivales.
Entre los hechos destaca la incursión de julio de 1997 en el resguardo San Luis (Caquetá), donde miembros de las FARC ejecutaron a siete autoridades y líderes indígenas, entre ellos el cacique Reimundo Figueroa. Con este fallo, la justicia transicional busca avanzar en el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.
