Un juez del Tribunal Superior británico confirmó un acuerdo entre el expríncipe Andrés y la Policía del valle del Támesis, mediante el cual se determinó que las órdenes judiciales que permitieron registrar dos de sus residencias en febrero pasado incurrieron en vicios legales. Pese a esta resolución, las autoridades aclararon que la indagatoria penal por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público sigue abierta.
Los cateos se habían ejecutado el 19 de febrero en Wood Farm, ubicada en la finca de Sandringham, y en Royal Lodge, situada en Windsor. La intervención policial se derivó de los señalamientos contra el hermano del rey Carlos III, a quien se investiga por presuntamente haber compartido información confidencial con el financiero Jeffrey Epstein durante su gestión como representante comercial del Reino Unido entre 2001 y 2011.
Durante la audiencia, el magistrado Nicholas Hilliard precisó que, si bien las órdenes de registro quedaron formalmente anuladas debido a que los agentes utilizaron una disposición legal inadecuada ante el tribunal de Old Bailey, esta decisión no invalida la investigación en curso ni prejuzga sobre el fondo del caso.
Asimismo, la corporación policial indicó que mantiene abiertos los procedimientos jurídicos necesarios para definir el estatus legal y el manejo del material incautado durante dichos operativos, reiterando que la anulación responde estrictamente a un defecto en la base jurídica de la solicitud inicial.
