El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, prometió “cazar” a todos los responsables del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en agosto de 2025, pero su anuncio llega cuando la investigación ya ha avanzado desde los autores materiales hacia quienes presuntamente ordenaron y financiaron el crimen.
Uribe Turbay fue atacado a tiros el 7 de junio de 2025 durante un acto de campaña en Bogotá y murió dos meses después. La Fiscalía comenzó con la identificación de los ejecutores y posteriormente vinculó a la Segunda Marquetalia, una disidencia de las FARC, como presunta autora intelectual.
En marzo de 2026, la Fiscalía colombiana emitió órdenes de captura contra siete integrantes de la cúpula de esa organización, entre ellos Iván Márquez y Jhon 40. La investigación sostiene que Kendry Téllez habría participado como articulador de la planeación, coordinación y financiación del asesinato.
Además, en julio dos participantes en la ejecución del atentado fueron condenados a más de 20 años de prisión tras aceptar su responsabilidad.
El caso volvió a cobrar fuerza en septiembre, cuando murió en una operación militar Robinson Gutiérrez, señalado por el Gobierno como integrante de la Segunda Marquetalia y presunto financiador del magnicidio.
Con ese antecedente, De la Espriella plantea ahora que la investigación no puede detenerse en quienes dispararon. Durante un homenaje a Uribe Turbay sostuvo que debe conocerse, con pruebas y nombres, quién ordenó el crimen.
Sin embargo, el mandatario también ha atribuido responsabilidad política al gobierno de Gustavo Petro. Esa afirmación debe distinguirse de la investigación judicial: hasta ahora, las autoridades han señalado a la Segunda Marquetalia, no a Petro, como presunta responsable intelectual.
La nueva etapa del caso, por tanto, busca esclarecer la cadena de mando detrás del magnicidio, mientras Colombia enfrenta todavía las consecuencias políticas de uno de los asesinatos más graves de su reciente historia.
