Chile respondió con firmeza a las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, quien vinculó la cooperación de Washington con la disposición de Santiago a trabajar en asuntos considerados prioritarios para Estados Unidos, entre ellos la protección de los derechos chilenos sobre el Estrecho de Magallanes.
El gobierno chileno sostuvo que su soberanía sobre el paso marítimo “no está en discusión” y no depende del respaldo de otra nación. El mensaje llega en un momento de creciente atención internacional sobre el extremo austral de Sudamérica.
Judd afirmó durante un encuentro empresarial que Estados Unidos sería firme respecto a la soberanía chilena, pero señaló que, si Santiago quiere recursos estadounidenses para combatir el crimen organizado y apoyo para proteger sus derechos sobre el Estrecho, también tendría que trabajar con Washington en temas importantes para ese país. Posteriormente, el diplomático aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto.
El trasfondo jurídico es relevante. El Tratado de Límites de 1881 estableció la soberanía chilena sobre el Estrecho y garantizó su libre navegación para todas las naciones. Ese marco fue reafirmado por Chile y Argentina en septiembre de 2026, cuando ambos gobiernos reconocieron la vigencia de los tratados de 1881 y 1984 y la soberanía chilena sobre la totalidad del paso marítimo.
La controversia también ocurre mientras Estados Unidos mantiene reservas sobre proyectos de infraestructura china en Chile, particularmente el cable Chile-China Express, al considerar que pueden tener implicaciones para la seguridad y la infraestructura crítica.
Por eso, el episodio revela algo más que una diferencia diplomática: Chile busca mantener una relación estratégica con Washington sin aceptar que la cooperación en seguridad, comercio o infraestructura implique condicionamientos sobre decisiones soberanas.
Pese al desencuentro, ambos países mantienen una agenda amplia de cooperación y recientemente suscribieron acuerdos en seguridad y minerales críticos.
