Nuevas revelaciones periodísticas sobre la red de huachicol fiscal encabezada por Roberto Blanco Cantú, conocido como «El Señor de los Buques», exponen un complejo esquema de triangulación financiera. La empresa de transporte público federal Mefra Fletes S.A. de C.V., fundada en Guadalajara en 2015 y especializada en el traslado de hidrocarburos, recibió millonarios montos en efectivo por parte de la firma NSU Protección S.A. de C.V. (comercializada como Shield Seguridad Privada).
De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), la relación comercial entre ambas empresas registra antecedentes desde 2021, cuando NSU Protección movilizó aproximadamente 45.5 millones de pesos en efectivo hacia la transportista de Blanco Cantú. La FGR indaga si esos recursos se reportaron debidamente ante el sistema de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), o si se omitieron las alertas obligatorias a las autoridades financieras.
Un testimonio ministerial entregado por Héctor Manuel Portales Ávila, exapoderado de Mefra Fletes y colaborador de la FGR, detalla que entre 2024 y 2025 se distribuyeron 69 millones 466 mil 200 pesos a través de este grupo. La bolsa millonaria en efectivo sirvió para pagar sobornos a funcionarios, intermediarios y particulares que facilitaron el ingreso sistemático de combustible de contrabando a México.
El centro de las acusaciones contra «El Señor de los Buques» se relaciona con las operaciones del buque Challenge Procyon, embarcación utilizada para internar petrolíferos al país y que provocó un desfalco fiscal estimado en más de 146 millones de pesos. Por este caso también enfrentan mandamientos judiciales los empresarios José René Tijerina Mendoza y José Isabel Murguía Santiago, además de dos agentes aduanales.
El expediente judicial conecta este fraude con el decomiso de 8.8 millones de litros de combustible en Ensenada, Baja California, en marzo de 2025, y con la posterior localización de 2.4 millones de litros en una bodega de Altamira, Tamaulipas. Las autoridades ubican a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, como uno de los principales puntos de entrada del combustible ilícito proveniente de Estados Unidos debido a su conectividad logística.
Por su parte, NSU Protección enfrenta un expediente crítico por sus propias irregularidades. Vinculada con Mario Abeyta Meléndrez —a quien en septiembre se le negó un amparo contra un auto de vinculación a proceso por fraude emitido en Hermosillo—, la firma de seguridad acumula serios cuestionamientos. En noviembre de 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) le impuso una amonestación pública y una multa de 1,500 UMA por no actualizar el registro de su personal, guardar opacidad en el control de armamento y uniformes, e incumplir las pruebas médicas, psicológicas y toxicológicas de sus elementos.
Las autoridades federales continúan el cruce de los acuses de servicio y registros contables para determinar la ruta final de los recursos en efectivo, y establecer si existió responsabilidad penal de la firma de seguridad privada en los delitos de contrabando de hidrocarburos y lavado de dinero.
