La embajadora de Palestina en México, Nadya Rasheed, pidió al Senado mexicano analizar posibles vínculos de empresas nacionales con la economía de los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado.
Durante una reunión con el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, Rasheed planteó revisar las cadenas de valor de corporaciones mexicanas cuyos vínculos con los asentamientos hayan sido señalados por Naciones Unidas, con el objetivo de evitar que comercio e inversiones contribuyan o generen beneficios de esas actividades. El encuentro fue confirmado por el Senado.
La petición ocurre días después de que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos actualizara su registro de empresas relacionadas con determinadas actividades en los asentamientos israelíes. La lista de 2026 llegó a 214 compañías, después de incorporar 61 nuevas empresas entre 126 revisadas. La ONU también señaló que otras 255 compañías aún no habían sido evaluadas.
Rasheed argumentó que México puede adoptar medidas para diferenciar sus relaciones con Israel de las actividades desarrolladas en territorio palestino ocupado. Su planteamiento se basa en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 2024, que determinó que la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado es ilegal y estableció obligaciones para terceros Estados.
La posición mexicana mantiene como objetivo una solución de dos Estados y reconoce la cuestión de los asentamientos como parte de su postura multilateral. La Secretaría de Relaciones Exteriores señala que México ha respaldado históricamente la ilegalidad de los asentamientos israelíes en territorio palestino.
El senador Martínez expresó respaldo a Palestina y se comprometió a transmitir el mensaje de la diplomática a los integrantes de la Cámara Alta. Sin embargo, la reunión no representa por sí misma una decisión del Senado para imponer restricciones a empresas mexicanas.
La importancia del encuentro está en que coloca en la agenda legislativa mexicana una posible revisión de relaciones comerciales y empresariales vinculadas con los asentamientos, en un contexto internacional donde algunos gobiernos ya han anunciado medidas sobre este tipo de actividades.
