Las autoridades federales trasladaron a un centro de detención al migrante venezolano de 28 años que fue baleado por un agente del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) en Austin, Texas, un movimiento que profundiza la opacidad en torno al caso tras el alta hospitalaria del afectado.
La defensa legal de Wilber Rafael Garcés denunció que la familia desconoce el paradero exacto del reclusorio al que fue remisión, a pesar de la gravedad de las heridas de bala que sufrió en la espalda durante el operativo realizado en el norte de esta ciudad.
El caso ha generado fricciones entre los gobiernos locales y federales. El alcalde de Austin, Kirk Watson, y el concejal Mike Siegel exigieron una indagatoria transparente ante la falta de respuestas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el temor de que el agente involucrado —cuya identidad sigue bajo reserva— evada la rendición de cuentas en Texas tras disparar sin justificación aparente contra el vehículo de la víctima.
Las organizaciones comunitarias y los defensores de derechos humanos han advertido que este traslado abrupto obstaculiza el acceso a la justicia y vulnera los derechos médicos del joven, quien requiere seguimiento clínico especializado tras el ataque armado perpetrado por el personal federal.
