El gobierno del presidente Donald Trump adoptó una nueva interpretación jurídica destinada a obligar a las entidades estatales a colaborar con las autoridades federales en materia de inmigración, bajo el riesgo de perder asignaciones presupuestales para la seguridad alimentaria y la asistencia social.
La medida busca que los gobiernos locales notifiquen al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre la presencia de inmigrantes indocumentados. De no acatar esta disposición, los estados podrían perder los recursos federales destinados a dos programas clave:
- TANF: Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas.
- SSI: Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario.
Ambos esquemas representan un pilar fundamental de la red de protección social dirigida a familias de bajos ingresos, personas de la tercera edad y ciudadanos con discapacidad en Estados Unidos.
A través de un comunicado, el Departamento de Justicia aclaró que la revisión legal amplía la obligación de notificación a la totalidad de las administraciones estatales y no únicamente a dependencias específicas. Al respecto, el fiscal adjunto T. Elliot Gaiser argumentó que los fondos públicos destinados a sectores vulnerables no deben incentivar la migración irregular, sino respaldar la aplicación de las leyes fronterizas.
El nuevo dictamen representa uno de los pasos más recientes en el endurecimiento de las políticas migratorias de la administración federal, aunque analistas prevén que la norma enfrente impugnaciones en tribunales federales, los cuales han frenado intentos previos de condicionar recursos a gobiernos locales.
