En los mercados financieros existe una regla incómoda: los gobiernos pueden discutir con las calificadoras, cuestionar a los analistas e incluso intentar modificar las señales del mercado. Pero tarde o temprano tienen que enfrentarse al precio de sus bonos.
Estados Unidos acaba de cruzar una frontera que hace pocos años parecía difícil de imaginar. Su deuda federal total superó los 40 billones de dólares, un incremento cercano a una tercera parte en menos de cinco años. El problema no es solamente el tamaño. La Oficina de Presupuesto del Congreso de los EE.UU (CBO, por sus siglas en inglés) estima para 2026 un déficit equivalente a 5.8% del PIB, deuda en manos del público superior a 100% del PIB y alrededor de un billón de dólares anuales solamente en intereses.
Durante agosto, esa preocupación comenzó a aparecer donde realmente importa: en los Bonos del Tesoro de los EE.UU de largo plazo. El rendimiento del bono estadounidense a 30 años llegó a superar 5.3%, su mayor nivel desde hace 19 años. El mensaje era sencillo: los inversionistas estaban exigiendo cada vez más rendimiento para financiar a largo plazo al gobierno estadounidense.
El Secretario del Tesoro, Scott Bessent decidió intervenir. El 19 de agosto, anunció que duplicaría, a partir de septiembre, sus recompras de bonos con vencimientos entre 10 y 30 años: de 2,000 millones a por lo menos 4,000 millones de dólares por operación. La reacción fue inmediata. Los precios de los bonos subieron y sus rendimientos bajaron. Pero el efecto inicial duró poco y buena parte del movimiento se revirtió en las siguientes sesiones.
Los economistas Stephen Roach y Kenneth Rogoff han sido particularmente críticos. Su argumento resulta incómodo, pero difícil de ignorar: cuando el mercado exige una mayor prima por riesgo fiscal, intervenir sobre el precio del bono no elimina la causa que elevó esa prima. El Tesoro de los EE.UU puede recomprar títulos, modificar vencimientos y mejorar liquidez; sin embargo, lo que no puede hacer mediante ingeniería financiera es desaparecer déficits estructurales.
Ahí aparece el riesgo de un círculo vicioso: más déficit genera más deuda; más deuda obliga a realizar mayores emisiones; una mayor oferta puede presionar los rendimientos; y tasas más altas incrementan nuevamente el costo de pagar la deuda. El propio CBO proyecta que los pagos netos por intereses podrían duplicarse hasta 2.1 billones de dólares en 2036. Y aquí aparece una lección muy importante para México y para la Secretaría de Hacienda.
Bloomberg reportó esta semana que algunos bonos soberanos mexicanos denominados en dólares comienzan a negociarse con rendimientos más cercanos a emisores de grado especulativo. México aún no ha perdido el grado de inversión pero está cerca. Moody’s lo redujo en mayo al último escalón dentro de esa categoría y Standard & Poor’s mantiene una perspectiva negativa. Bank of America calcula además que los inversionistas exigen aproximadamente 39 puntos base adicionales frente a países con calificaciones similares, lo que significa que los bonos mexicanos tienen una valuación aproximadamente 1.5 escalones inferior a la calificación formal.
Lo interesante es la aparente contradicción. El CDS soberano mexicano a cinco años, una especie de seguro contra incumplimiento, cayó de 120 puntos base al inicio de esta administración a alrededor de 80. El de Pemex pasó de aproximadamente 460 a 222 puntos. Son cifras que difícilmente describen una crisis crediticia inmediata. Pero el bono mexicano en dólares a diez años comienza a cotizar en niveles más cercanos a soberanos basura (junk, en el argot financiero internacional).
Ambas cosas pueden ser ciertas. El mercado puede considerar muy baja la probabilidad de incumplimiento de México durante los próximos años y, simultáneamente, exigir una prima creciente por lo que observa hacia adelante: déficits, bajo crecimiento y obligaciones contingentes.
Y ahí aparece Pemex. Se estima que el apoyo público acumulado a la petrolera ronda 130,000 millones de dólares en ocho años. Ese respaldo ha reducido el riesgo financiero inmediato de Pemex, pero también ha trasladado una parte de ese riesgo al balance soberano: mejora el crédito de la empresa porque el gobierno la respalda, pero ese respaldo termina teniendo un precio para el propio gobierno. En pocas palabras, el riesgo de Pemex ya se contagió al riesgo del gobierno federal.
Estados Unidos posee el privilegio de emitir la principal moneda de reserva del mundo y aún así está descubriendo que existen límites fiscales. México no tiene ese espacio para equivocarse. La enseñanza no es dejar de endeudarse, sino hacerlo con disciplina, reducir gradualmente los déficits, recuperar crecimiento y resolver estructuralmente el problema financiero de Pemex.
Porque cuando los bonos hablan, incluso los gobiernos deberían aprender a escuchar. La pregunta relevantes es si la Secretaría de Hacienda realizará las acciones necesarias para corregir este tema. Lo veremos muy pronto en la propuesta de Paquete Económico que entregue al Poder Legislarivo el próximo 8 de septiembre.
