La administración del presidente Donald Trump se encuentra ultimando los detalles para ejecutar lo que representaría la anulación masiva de permisos de entrada más grande en la historia de la nación norteamericana, afectando potencialmente a un universo de hasta 200 mil extranjeros que actualmente mantienen solicitudes de refugio activas.
De acuerdo con documentación interna a la que tuvo acceso la agencia Associated Press y con declaraciones de dos funcionarios federales bajo anonimato, las autoridades diplomáticas prevén oficializar en las próximas semanas la invalidación de los documentos de categoría B1 y B2 expedidos durante el periodo comprendido entre 2016 y 2026. La directriz gubernamental se instrumenta de manera conjunta entre el cuerpo diplomático y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Ante este escenario, Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, argumentó que la estrategia conjunta busca frenar el uso de autorizaciones de corta estancia como un mecanismo de radicación indefinida. «Estamos coordinando con el DHS para identificar y revocar las visas de no inmigrante de los extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí de forma permanente», puntualizó, al tiempo que evitó precisar cifras definitivas debido a la naturaleza dinámica del proceso operativo.
Pese a la magnitud de la medida restrictiva, las fuentes consultadas aclararon que la invalidación de dichos documentos comerciales y vacacionales no desencadenará de manera automática operativos de expulsión inmediata para todos los afectados. La mayoría de las personas con expedientes migratorios pendientes experimentarán un cambio en su clasificación legal, perdiendo por completo sus prerrogativas como viajeros temporales mientras sus casos jurídicos avanzan en los tribunales.
Esta directriz se suma a la serie de lineamientos más estrictos implementados desde el inicio del segundo mandato presidencial el año pasado, los cuales han endurecido los filtros de control mediante la revisión obligatoria de historiales en redes sociales, la imposición de tarifas y fianzas financieras de alto costo para el trámite consular, así como bloqueos totales a la emisión de documentos para ciudadanos de determinados países.
En consonancia con estas políticas de control fronterizo, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, reprobó públicamente a través de una plataforma digital el uso de esquemas de tránsito turístico y de negocios para burlar los controles de estancia legal e iniciar subsecuentes peticiones de asilo político en suelo estadounidense. De materializarse de forma definitiva, se prevé que la medida enfrente intensas disputas y demandas en el sistema judicial del país.
