Diversas comunidades indígenas en Argentina han sido desalojadas de sus tierras ancestrales en múltiples provincias del país, en el marco de un conflicto territorial histórico que se intensifica mientras el gobierno del presidente Javier Milei promueve modificaciones legislativas para agilizar las expulsiones y la restitución de predios a privados.
Las acciones policiales y judiciales han afectado a pueblos originarios en regiones del norte y la Patagonia, donde las comunidades denuncian el incumplimiento de la prórroga de la Ley 26.160 que suspende las ejecuciones de desalojos sobre tierras de ocupación tradicional. Las reformas impulsadas por el Ejecutivo nacional buscan desregular el uso de la tierra y facilitar proyectos extractivos, agroindustriales y de desarrollo inmobiliario, lo que ha encendido las alarmas de organismos de derechos humanos y agrupaciones indígenas que exigen el respeto a sus derechos constitucionales.
