Un juez federal de Massachusetts ordenó la suspensión temporal del procedimiento utilizado por la administración del presidente Donald Trump para imponer multas de hasta 998 dólares diarios a inmigrantes que permanecen en el país con órdenes de salida. La medida judicial detiene la aplicación de estas sanciones mientras avanza un litigio legal impulsado por organizaciones de defensa de derechos.
El juez de distrito George O’Toole Jr., con sede en Boston, determinó suspender la normativa y las sanciones emitidas bajo este esquema con posterioridad al 27 de julio de 2025. Representantes de la Legal Aid Society explicaron que la resolución impide al Gobierno federal exigir el pago de estas penalizaciones mientras el proceso legal continúa su curso en los tribunales.
La demanda, interpuesta en noviembre de 2025, señala que la política impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional ha afectado a más de 100 mil personas a nivel nacional, acumulando un monto aproximado de 84 mil millones de dólares. Diversos afectados han acumulado deudas que ascienden hasta 1.8 millones de dólares por cada día de incumplimiento de una orden de remoción.
Durante el proceso, el juez O’Toole cuestionó que las autoridades no hayan evaluado de forma individualizada las circunstancias de los afectados, advirtiendo que el cobro de estas sanciones podría derivar en la insolvencia de las familias. Las organizaciones legales sostienen que las multas han afectado a personas que cumplen con las supervisiones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o que buscan opciones legales de regularización.
