El Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó a un juez federal que la administración del presidente Donald Trump no puede ser obligada a revelar la identidad de los asesores que participaron en la represión contra importantes bufetes de abogados, al argumentar que dichos nombres están protegidos por el privilegio de las comunicaciones presidenciales.
Durante la sesión celebrada este lunes en un tribunal federal de Washington, los representantes legales del gobierno invocaron formalmente esta prerrogativa constitucional. La medida responde a una orden emitida por el juez de distrito Amir Ali, quien había exigido a la Casa Blanca identificar a los funcionarios involucrados en la redacción, revisión y aprobación de las órdenes ejecutivas emitidas el año pasado contra firmas legales y profesionales del derecho.
La disputa legal se originó a raíz de una demanda interpuesta por la Asociación de Abogados de Estados Unidos (ABA), la cual acusa al Ejecutivo de implementar una política discriminatoria basada en las prácticas de contratación, la diversidad, los vínculos políticos y la labor jurídica de los despachos afectados.
Antecedentes y acuerdos judiciales. El conflicto ha derivado en diversos frentes judiciales. Cuatro bufetes de abogados obtuvieron el año pasado fallos favorables que frenaron de manera permanente la aplicación de las normativas presidenciales en su contra, decisiones que actualmente se encuentran en apelación.
En contraste, otras nueve firmas optaron por llegar a acuerdos extrajudiciales con la Casa Blanca para evitar medidas similares, comprometiéndose a aportar cerca de mil millones de dólares en servicios legales gratuitos destinados a causas respaldadas por la administración.
Argumentos de la defensa. En su presentación ante la corte, el Departamento de Justicia sostuvo que revelar la identidad de los asesores vulneraría el proceso de toma de decisiones del mandatario, afectaría la separación de poderes y podría inhibir la formulación de consejos francos dentro del círculo presidencial.
“El asesoramiento proporcionado al Presidente y a sus asesores cercanos constituye la base del privilegio de las comunicaciones presidenciales”, señalaron los abogados del gobierno en el escrito judicial.
La defensa basó su postura en la interpretación del Artículo II de la Constitución de Estados Unidos, que protege la independencia del poder ejecutivo, y citó un fallo de la Corte Suprema emitido en 2004 en un caso relacionado con el exjefe de gabinete Dick Cheney para restringir la recolección de pruebas contra la Casa Blanca. Asimismo, el Ejecutivo aclaró que la negativa a entregar los nombres no implica la ocultación de información pública, dado que se mantienen accesibles las declaraciones oficiales y los registros de las cuentas institucionales en redes sociales.
Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni la Asociación de Abogados de Estados Unidos han emitido declaraciones en respuesta a las solicitudes de comentarios sobre esta resolución judicial.
