Este martes, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones directas contra Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), de acuerdo con la información actualizada en el sitio web del Departamento del Tesoro estadounidense.
La medida representa la más reciente escalada en las acciones ejercidas por la administración del presidente Donald Trump contra el tribunal multinacional con sede en La Haya. Dicho organismo fue creado en 2002 para juzgar crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad; sin embargo, Estados Unidos no figura entre sus Estados parte.
Previamente, el gobierno estadounidense había dictado sanciones contra otros altos funcionarios del organismo judicial, incluyendo jueces y fiscales. Las medidas se fundamentaron en el rechazo a las órdenes de aprehensión dictadas por la tribunal contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, así como por indagatorias previas sobre la actuación de tropas estadounidenses en Afganistán.
Las medidas aplicadas conllevan el congelamiento de cualquier activo que las personas señaladas mantengan bajo jurisdicción estadounidense. Asimismo, la resolución aísla a Tomoko Akane del sistema financiero internacional vinculado a la banca de EE. UU.
