En lo que va del año, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio de baja a 836 profesionales de sus oficinas centrales, entre ellos verificadores, técnicos, analistas y asesores de áreas.
Y es que a unos días de que inicie el Proceso Electoral Federal 2026-2027, ha reaparecido la narrativa de que el INE está siendo desmantelado y llegará debilitado a la organización de las próximas elecciones.
Sin embargo, el argumento se construye por la cifra de 836 bajas, mezclando la terminación de contratos por proyecto con personal contratado por honorarios, para presentarlo sin distinción como un despido masivo ordenado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei.
En respuesta a una solicitud de información, el organismo precisó que desde el 1 de enero ha dado de baja a 265 trabajadores por proyecto, 566 por honorarios y cinco adscritos al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), lo que suma un total de 831 en dichas modalidades en las oficinas centrales.
Las áreas más afectadas por los despidos de personal por honorarios son la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, con 195 bajas; la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, con 79; y la Unidad Técnica de Servicios de Informática, con 67.
Por su parte, entre los trabajadores contratados por proyecto y dados de baja, las áreas con mayor número de recortes fueron la Dirección Jurídica del INE, con 21, y la Subdirección de Producción, Logística y Distribución de la Credencial para Votar, con 20.
A ellos se suman los cinco integrantes del SPEN: dos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, uno de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, uno de la Unidad Técnica de Fiscalización y uno de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. De estas unidades y direcciones, consejeros electorales impugnaron el nombramiento de los sustitutos, facultad que ahora recae exclusivamente en la consejera presidenta, argumentando ante la Sala Superior del Tribunal Electoral que los nuevos titulares no contaban con el perfil técnico necesario.
Entre los 831 trabajadores por proyecto y honorarios dados de baja figuran diversos técnicos, verificadores, analistas y asesores especializados, tales como el jefe del Departamento de Recursos Humanos, de Consulta y de Servicios Especializados; la jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos; y la jefa del Departamento Contable y Cuenta Pública; además de verificadores de calidad de las credenciales para votar y encargados de la logística de dichas identificaciones.
En contraste, el INE informó que durante el mismo periodo firmó 2 mil 719 contratos, aunque la mayoría corresponde a personal eventual que debe renovar su vínculo mes a mes, con casos de trabajadores que han firmado hasta cinco contratos desde el 1 de enero.
El propio INE ha defendido públicamente la importancia de su Servicio Profesional Electoral Nacional y de sus equipos técnicos. En mayo, Taddei destacó que la estructura profesional y técnica del Instituto fue determinante para operar procesos electorales complejos, y subrayó la experiencia y capacidad técnica del organismo.
Contexto y debate político
Las voces que validan la interpretación del supuesto desmantelamiento del INE incluyen a exfuncionarios y exconsejeros que advierten sobre la pérdida de experiencia y memoria institucional, algunos de ellos vinculados a grupos políticos que, tras dejar el INE, participan en iniciativas alrededor de Somos México. Este escenario ha sido calificado por sectores del Instituto como un «nado sincronizado» que convierte movimientos administrativos acumulados durante meses en una crisis repentina para golpear a la actual Presidencia y reivindicar a administraciones anteriores.
Ante este panorama, resulta indispensable esclarecer cuántas plazas permanentes fueron realmente eliminadas, cuántas bajas corresponden a proyectos concluidos, qué funciones electorales específicas dejaron de realizarse y qué áreas se encuentran verdaderamente imposibilitadas para cumplir sus responsabilidades. La discusión pone sobre la mesa el dilema de distinguir si se trata de una preocupación auténtica por la capacidad operativa del Instituto o del intento de exfuncionarios por convertir su salida en una crisis institucional.
