La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las Reglas de Carácter General previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). La medida forma parte de la implementación de las reformas a la Ley y a su Reglamento publicadas en 2025 y 2026, respectivamente, con el objetivo de fortalecer el marco regulatorio para quienes realizan Actividades Vulnerables y consolidar el régimen preventivo contra el lavado de dinero.
Las nuevas disposiciones desarrollan la legislación, establecen criterios de aplicación y precisan tanto las obligaciones de los sujetos obligados como las atribuciones de las autoridades de supervisión y verificación, buscando brindar certeza jurídica y homogeneidad. Entre los cambios centrales sobresale la incorporación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) como principio rector. Mediante este modelo, los sujetos obligados deberán identificar, evaluar, clasificar y documentar los riesgos asociados a sus clientes, operaciones, productos, servicios, canales y zonas geográficas a través de metodologías específicas.
Asimismo, la normativa refuerza las medidas de conocimiento del cliente o usuario, la identificación del beneficiario controlador y de las Personas Políticamente Expuestas (PPE), así como los mecanismos de control interno, la conservación de información y la presentación de avisos. Por su parte, la SHCP y sus unidades ejercerán sus facultades de supervisión y verificación orientando las acciones hacia los sectores con mayor exposición al lavado de dinero.
El marco incorpora un modelo de cumplimiento proporcional, aplicando las obligaciones y la supervisión de acuerdo con el nivel de riesgo de cada Actividad Vulnerable para optimizar recursos y facilitar la implementación de controles adecuados. Para asegurar una transición ordenada, la entrada en vigor de las disposiciones se realizará de forma gradual, permitiendo que los sectores obligados actualicen sus procesos internos y desarrollen capacidades técnicas.
Con esta normatividad, la Secretaría de Hacienda refrenda su compromiso de fortalecer el sistema nacional de prevención conforme al marco jurídico vigente y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), protegiendo la integridad del sistema financiero y combatiendo el lavado de dinero.
