El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció que prevé equipar con cámaras corporales a la totalidad de sus oficiales y agentes en servicio para finales de agosto. Esta rápida expansión busca dotar de un registro visual a las operaciones de control migratorio; sin embargo, la decisión de hacer públicas estas grabaciones recaerá estrictamente en la propia agencia, lo que ha generado debate y escrutinio público.
La controversia surge a raíz de una política interna que permite retener o retrasar indefinidamente los videos tras incidentes de lesiones graves o muertes bajo custodia, condicionando su divulgación a que sea considerada en el «mejor interés de la agencia». El director interino del ICE, David J. Venturella, defendió las normativas al señalar que protegen las investigaciones y la privacidad, además de rechazar los señalamientos de haber tergiversado los lineamientos tras un informe de Associated Press.
El escrutinio sobre la dependencia se ha intensificado tras recientes hechos de violencia letal en los que se vieron involucrados elementos federales, como los tiroteos fatales ocurridos en julio en Maine y Houston —ninguno de los cuales fue captado por cámaras corporales—. Expertos en la materia han señalado que, si bien la divulgación selectiva de material audiovisual ocurre en otros cuerpos policiales, plasmarlo de forma tan explícita en las normativas es poco habitual.
Pese a los cuestionamientos, Venturella ratificó el compromiso institucional con la rendición de cuentas y aseguró que la agencia mantiene el rumbo para cumplir con la meta de despliegue tecnológico. Mientras tanto, persisten antecedentes similares en agencias hermanas como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la cual ha retenido imágenes de incidentes críticos bajo el argumento de mantener abiertas las investigaciones en curso.
