La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) modificó las reglas que deberán seguir las personas y empresas que realizan Actividades Vulnerables para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante un acuerdo publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación.
La reforma establece nuevas obligaciones de identificación, evaluación de riesgos y seguimiento de clientes, además de incorporar controles específicos para beneficiarios controladores, personas políticamente expuestas, fideicomisos y otras figuras jurídicas. También amplía las disposiciones aplicables a los proveedores de servicios de activos virtuales.
Uno de los principales cambios es la obligación de aplicar un enfoque basado en riesgos. Los sujetos obligados deberán desarrollar una metodología para identificar, medir y mitigar riesgos relacionados con sus operaciones, clientes, países, zonas geográficas y canales utilizados. Esa evaluación deberá considerar la información de la Evaluación Nacional de Riesgos elaborada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Las nuevas reglas también obligan a fortalecer la identificación del llamado Beneficiario Controlador, es decir, la persona que finalmente obtiene el beneficio de una operación o ejerce el control efectivo de una empresa. Para ello se establecen nuevos datos y documentos que deberán integrarse en los expedientes de clientes y usuarios.
El acuerdo incorpora además mecanismos automatizados para revisar de manera continua las operaciones, así como nuevas disposiciones sobre manuales internos, capacitación del personal, selección de empleados y auditorías.
Las medidas tendrán una aplicación gradual. El acuerdo entrará en vigor el 30 de noviembre de 2026, mientras que el enfoque basado en riesgos deberá estar disponible para revisión de las autoridades desde marzo de 2027. Los mecanismos automatizados deberán estar implementados, a más tardar, el 1 de junio de ese año.
Con esta actualización, Hacienda busca reforzar el sistema de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y aumentar la capacidad de las autoridades para detectar movimientos financieros vinculados con actividades delictivas.
