Durante los últimos tres años, la conversación sobre inteligencia artificial ha girado casi exclusivamente alrededor de una pregunta: ¿cómo regular una tecnología que avanza más rápido que los gobiernos? Sin embargo, un nuevo debate comienza a tomar fuerza entre economistas, organismos internacionales y centros de pensamiento: ¿quién debe pagar los costos de la revolución de la inteligencia artificial?
No es una discusión menor. Como advierten Gabriela Ramos, exsubdirectora general de la UNESCO, y Emilija Stojmenova Duh, en un reciente análisis publicado por Project Syndicate, el desafío ya no consiste únicamente en evitar los riesgos de la inteligencia artificial, sino en garantizar que sus beneficios se distribuyan de manera más equitativa y que los gobiernos recuperen capacidad para gobernar una transformación tecnológica sin precedentes.
La historia económica demuestra que toda revolución tecnológica produce ganadores y perdedores. La Revolución Industrial transformó el trabajo manual; la electrificación multiplicó la productividad; internet dio origen a plataformas digitales cuyo valor supera hoy el PIB de muchos países. La inteligencia artificial promete una transformación aún mayor.
Pero también plantea una pregunta incómoda.Si una parte creciente del valor agregado será generado por algoritmos capaces de reemplazar tareas humanas, automatizar procesos y concentrar enormes ganancias en un reducido número de empresas, ¿cómo evitar que esa riqueza termine concentrándose todavía más?
Durante mucho tiempo predominó la idea de que la mejor política pública era dejar que la innovación avanzara con la menor intervención posible. Hoy ese consenso, después del fracaso social del neoliberalismo, ya no es válido.
La OCDE, la UNESCO y la propia Comisión Europea coinciden en que la inteligencia artificial ya no puede depender exclusivamente de la autorregulación de las empresas tecnológicas. Cuando estos sistemas empiezan a participar en decisiones financieras, infraestructura crítica, servicios públicos, salud, educación o seguridad, la regulación deja de ser un obstáculo para convertirse en una condición necesaria para que la innovación genere confianza.
Pero existe un segundo debate que probablemente será aún más complejo: la tributación. En otras palabras, ¿le vamos a cobrar impuestos a la IA?
En otro artículo publicado recientemente por la especialista en justicia fiscal Zorka Milin sostiene que el verdadero problema no es crear un impuesto específico sobre la inteligencia artificial. El desafío consiste en actualizar un sistema tributario internacional diseñado para una economía industrial, no para una economía donde los activos más valiosos son datos, algoritmos y propiedad intelectual.
La preocupación es sencilla. Si la inteligencia artificial incrementa extraordinariamente la productividad y las utilidades de las grandes empresas tecnológicas, pero esas ganancias continúan trasladándose hacia jurisdicciones de baja tributación, los gobiernos enfrentarán un problema creciente: tendrán que financiar la transición tecnológica con una base fiscal cada vez más reducida. Y esa transición no será barata.
La expansión de la inteligencia artificial exigirá inversiones públicas en infraestructura digital, redes eléctricas, centros de datos, capacitación laboral, educación, ciberseguridad, protección de datos y programas de reconversión para millones de trabajadores cuyos empleos cambiarán o desaparecerán. Paradójicamente, mientras aumenta la necesidad de un Estado más capaz, la capacidad recaudatoria de muchos gobiernos podría debilitarse.
Por eso la discusión ya no gira únicamente alrededor de cuánto debemos regular la inteligencia artificial, sino de cómo asegurar que quienes obtienen beneficios extraordinarios también contribuyan a financiar los costos sociales que esa misma innovación genera.
Naturalmente, existen posiciones encontradas.Muchos economistas advierten que imponer impuestos específicos sobre la inteligencia artificial sería un error. Argumentan que gravar directamente la innovación podría reducir la inversión, ralentizar el desarrollo tecnológico y disminuir la productividad global. Desde esta perspectiva, los gobiernos deberían concentrarse en fortalecer impuestos corporativos generales y mejorar la cooperación fiscal internacional, en lugar de penalizar una tecnología que apenas comienza a desplegar todo su potencial.
Otros sostienen exactamente lo contrario. Economistas como Daron Acemoglu, profesor del MIT y Premio Nobel de Economía, han insistido en que la tecnología nunca es neutral. Sus efectos dependen de las instituciones que la regulan y de los incentivos económicos que la rodean. Si la inteligencia artificial únicamente sustituye trabajadores para reducir costos laborales, podría incrementar la desigualdad sin generar aumentos significativos de productividad. Si, por el contrario, complementa el trabajo humano e impulsa nuevas capacidades productivas, entonces podría convertirse en una fuente extraordinaria de crecimiento.
Aquí el meollo del asusnto es que la diferencia entre ambos escenarios no la determinarán los algoritmos sino las políticas públicas. Por eso resulta cada vez más evidente que la discusión sobre inteligencia artificial ha dejado de ser un debate exclusivamente tecnológico. Hoy es, sobre todo, una discusión sobre el papel del Estado en la economía del siglo XXI.
Regular no significa detener la innovación. Tampoco significa convertir a los gobiernos en empresarios tecnológicos. Significa construir instituciones capaces de garantizar competencia, transparencia, protección de datos, rendición de cuentas y sistemas fiscales que respondan a una economía profundamente distinta de la que dio origen a las reglas actuales.
Para México, esta conversación llega en un momento decisivo. Debemos construir un marco regulatorio moderno, fortalecer la infraestructura digital, formar capital humano y participar activamente en la discusión internacional sobre tributación de la economía digital. Porque la inteligencia artificial no solo cambiará la forma en que producimos sino también en que el Estado mexicano financia su propio desarrollo.
¿Seremos capaces como país de construir las reglas necesarias para que la mayor revolución tecnológica del siglo XXI genere prosperidad compartida y no únicamente una concentración sin precedentes de riqueza, poder y capacidad de decisión?.
Por el bien de todos, ojalá que si.
