El Gobierno de Estados Unidos prevé otorgar un contrato de hasta 150 millones de dólares para la representación legal de menores migrantes no acompañados a Burke Law Group, un pequeño bufete de Texas especializado en derecho ambiental. La firma cuenta con solo dos abogados enfocados en temas de migración dentro de una plantilla de 26 personas.
El acuerdo iniciará el 15 de agosto por un periodo de un año, reemplazando a Acacia Center for Justice, una red de organizaciones sin fines de lucro a la cual las autoridades decidieron no renovar el contrato.
Burke Law Group posee estrechos lazos con la administración del presidente Donald Trump. Su presidenta, Marcella Burke, se desempeñó como subconsejera general de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) durante su primer mandato. Asimismo, el cofundador Jeffrey Hall dirige actualmente la oficina de sanciones ambientales de la EPA, mientras que la asesora Anne Idsal Austin encabezó el equipo de transición de dicha agencia para el segundo periodo gubernamental.
La adjudicación generó fuertes críticas por parte de las organizaciones sociales. Michael Lukens, director general del Amica Center, señaló como preocupante que las autoridades otorguen estos fondos a una firma sin la calificación adecuada en lugar de mantener el apoyo a las agrupaciones con años de experiencia.
Por su parte, defensores de los derechos humanos sostienen que la medida busca acelerar las deportaciones y limitar el debido proceso. Alexa Sendukas, abogada especializada, advirtió que los procesos se están agilizando sin permitir que los menores cuenten su historia o soliciten protección. Aunque la ley exige facilitar representación legal a los niños bajo custodia federal, al ser un proceso civil no cuentan con abogado de oficio garantizado.
