Un total de 25 estados de Estados Unidos presentaron una demanda conjunta en contra de la administración del presidente Donald Trump. La coalición argumenta que las tarifas comerciales decretadas recientemente son un «pretexto» para reinstaurar las tasas de importación que la Corte Suprema invalidó el pasado febrero.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, declaró que la administración federal intenta «elevar ilegalmente los impuestos a las familias y las empresas» tras la resolución adversa emitida por el máximo tribunal del país.
Contexto y antecedentes de la disputa legal
Durante el año anterior, el presidente modificó la política exterior de libre comercio mediante la imposición de aranceles a casi la totalidad de los socios comerciales de la nación. Para fundamentar la medida, la administración recurrió a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, argumentando que el déficit comercial estadounidense configuraba una emergencia nacional.
No obstante, la Corte Suprema de Justicia determinó que la ley IEEPA no otorgaba facultades al Ejecutivo para fijar dichos gravámenes. La resolución obligó al gobierno federal a procesar reembolsos millonarios a favor de los importadores perjudicados. Para contrarrestar la pérdida de recaudación fiscal, se instauraron tarifas provisionales del 10% cuyo periodo de vigencia concluyó el pasado 24 de julio.
La nueva estrategia bajo la Sección 301
Posterior al vencimiento de las medidas temporales, el Ejecutivo recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, normativa que autoriza al presidente a imponer sanciones económicas a países involucrados en prácticas de comercio desleal.
Bajo este marco jurídico, el gobierno estableció aranceles que oscilan entre el 10% y el 12.5% aplicables a 59 países y a la Unión Europea. La justificación gubernamental sostiene que dichas naciones no aplican medidas suficientes para erradicar el trabajo forzado en sus cadenas de exportación.
Dado que las economías señaladas concentran el 99% de las importaciones que ingresan a territorio estadounidense, los estados demandantes sostienen que la erradicación del trabajo forzado es un argumento ficticio orientado a reactivar los aranceles invalidados por el Poder Judicial.
La postura de la Casa Blanca
El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, defendió la validez jurídica de la estrategia al señalar que la inactividad de los gobiernos extranjeros ante los productos fabricados con mano de obra forzada perjudica el comercio nacional y la fuerza laboral de Estados Unidos. Asimismo, enfatizó que los aranceles bajo la Sección 301 constituyen una herramienta legalmente respaldada desde la primera administración de Trump.
Estados participantes y litigios paralelos
El recurso legal fue presentado en conjunto por los fiscales generales de 25 entidades:
- Nueva York, California, Míchigan, Pensilvania y Nueva Jersey.
- Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware y Hawái.
- Illinois, Kentucky, Massachusetts, Maryland y Maine.
- Minnesota, Nevada, Nuevo México, Carolina del Norte y Oregón.
- Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington y Wisconsin.
Esta acción judicial se suma a dos querellas previas promovidas en julio ante el Tribunal de Comercio Internacional por pequeñas empresas. Las compañías denunciantes argumentan que el Ejecutivo no acreditó de manera particularizada las violaciones atribuidas a cada economía sancionada ni demostró cómo las tarifas contribuirán a erradicar el trabajo forzado.
