La lucha contra la corrupción y la impunidad no puede entenderse como una consigna circunstancial, una bandera electoral ni una tarea que corresponda exclusivamente a un gobierno. Se trata de una obligación permanente del Estado mexicano y de una demanda histórica de nuestro pueblo. Durante décadas, millones de personas han exigido que los recursos públicos se utilicen con honestidad, que los delitos sean investigados, que los responsables rindan cuentas y que ninguna posición económica o política coloque a alguien por encima de la ley.
En los últimos años, México ha avanzado en la recuperación de la austeridad republicana como principio de gobierno, en la eliminación de privilegios y en la separación entre el poder político y determinados intereses económicos. El combate a la corrupción es, además, una prioridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y un componente indispensable para profundizar la transformación de la vida pública. Pero reconocer los avances no significa suponer que el problema está resuelto. Por el contrario, obliga a identificar las nuevas modalidades de corrupción, corregir las insuficiencias institucionales y emprender acciones inmediatas que produzcan resultados verificables.
La corrupción se transforma, se adapta y encuentra espacios en procedimientos excesivamente complejos, instituciones fragmentadas, controles deficientes y sistemas de investigación que tardan demasiado en generar consecuencias. Por ello, debe incluir una renovación profunda de la política nacional contra la corrupción y la impunidad, que parta de la convicción de eliminar todo tipo protección política para quienes comentan actos ilícitos. El compromiso con la legalidad exige eliminar privilegios, cerrar espacios de encubrimiento y garantizar que toda denuncia sustentada sea investigada, independientemente del cargo, la militancia o la posición económica de quien pudiera estar involucrado. Defender un proyecto político no significa tolerar desviaciones, sino proteger sus principios y evitar que las conductas individuales dañen la confianza construida colectivamente.
También debemos rechazar la idea de que la corrupción forma parte de la cultura de los mexicanos. La corrupción no es una característica intrínseca de nuestro pueblo ni una conducta determinada por nuestra identidad nacional. No existe una predisposición cultural de las y los mexicanos a actuar ilegalmente. Lo que ha existido son estructuras institucionales que, en determinados momentos, permitieron o incluso incentivaron la discrecionalidad, la opacidad, el influyentismo y la ausencia de sanciones.
Por otro lado, es necesario reconocer que la mayor aliada de la corrupción es la impunidad. Cuando una investigación tarda años, cuando los procedimientos administrativos se prolongan indefinidamente o cuando los bienes obtenidos ilegalmente no son recuperados, se genera la idea de que violar la ley puede resultar rentable. Por eso, además de prevenir las irregularidades, es indispensable fortalecer la capacidad del Estado para investigar, sancionar y reparar el daño causado al patrimonio público.
Ante todo ello, se plantea una Declaración Nacional para Combatir la Corrupción y la Impunidad en México, que permita articular a autoridades, legisladores, sector privado, academia, sociedad civil y organismos internacionales, para generar acuerdos que faciliten la armonización entre diversas iniciativas, y contribuir a una verdadera política de Estado. Las propuestas incluyen la eliminación de privilegios políticos; el combate al huachicol fiscal y a la facturación falsa; el perfeccionamiento de la extinción de dominio; el fortalecimiento de la Fiscalía Anticorrupción y del Sistema Nacional Anticorrupción; una nueva legislación en materia de fiscalización; adquisiciones públicas transparentes; y reformas a los regímenes de responsabilidades administrativas y penales.
Una primera línea de acción debe consistir en fortalecer las capacidades de investigación. La Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción necesita autonomía técnica efectiva, personal profesionalizado, recursos suficientes y herramientas de análisis financiero y patrimonial. Las investigaciones complejas no pueden depender únicamente de expedientes administrativos tradicionales; requieren seguir el rastro del dinero, identificar beneficiarios reales, reconstruir operaciones financieras y detectar vínculos entre funcionarios, particulares y empresas.
En paralelo, es indispensable revisar integralmente el Sistema Nacional Anticorrupción. Su diseño representó un avance institucional importante, pero la experiencia ha demostrado problemas de fragmentación, coordinación y capacidad para producir consecuencias. La reforma que México necesita debe convertirlo en un sistema preventivo, evaluable y vinculante, capaz de coordinar auditorías, controles internos, investigaciones administrativas y procedimientos penales. El objetivo no debe ser crear más burocracia, sino asegurar que las instituciones existentes compartan información y actúen oportunamente.
De igual forma, es necesario acelerar la recuperación de los recursos y bienes provenientes de actividades ilícitas. El procedimiento de extinción de dominio debe ser perfeccionado para reducir dilaciones, profesionalizar la inteligencia patrimonial, mejorar la administración de los bienes asegurados e incrementar la proporción de asuntos que concluyen con sentencias definitivas. No basta con asegurar propiedades durante años; es necesario garantizar su conservación, evitar su depreciación y destinarlas legalmente al beneficio colectivo.
Otra prioridad es combatir con mayor firmeza las redes económicas que alimentan la corrupción. El huachicol fiscal, el contrabando, la piratería; la facturación falsa y la utilización de empresas fachada no son infracciones menores; por el contrario, dañan las finanzas públicas, distorsionan la competencia, afectan el empleo formal y privan al Estado de recursos que podrían destinarse a salud, educación, vivienda, infraestructura y seguridad.
Al mismo tiempo, debemos fortalecer el régimen de responsabilidades administrativas y penales. La lentitud procesal no sólo perjudica al Estado, sino también a las personas investigadas, quienes tienen derecho a que su situación jurídica se resuelva oportunamente. Se requieren procedimientos ágiles y a la vez garantistas, sanciones proporcionales y suficientes magistraturas especializadas. Combatir la impunidad no significa debilitar el debido proceso; significa impedir que los procedimientos interminables se conviertan en una forma de evasión de la justicia.
La lucha contra la corrupción y la impunidad también tiene una dimensión económica. La integridad gubernamental contribuye a la seguridad jurídica, facilita la inversión nacional y extranjera y permite generar empleos dignos. Sin embargo, sería un error justificar el combate a la corrupción únicamente por sus beneficios económicos. Su fundamento principal es democrático y social. Los recursos desviados dejan de financiar derechos; cada contrato simulado, cada sobreprecio y cada impuesto evadido representa menos medicamentos, escuelas, caminos, sistemas de agua o políticas de protección social. Combatir la corrupción es defender el patrimonio de quienes menos tienen y garantizar que la riqueza pública se distribuya con justicia.
Por ello, México necesita un nuevo acuerdo nacional contra la corrupción y la impunidad, que convoque a los poderes públicos, los distintos órdenes de gobierno, las empresas, las universidades, las organizaciones sociales y la ciudadanía; que respete la división de poderes y el federalismo, pero que impida que la fragmentación institucional se convierta en refugio de la ilegalidad.
No partimos de cero, pero tampoco podemos conformarnos. La demanda popular es que no existan privilegios, que los recursos públicos se cuiden, que los delitos se investiguen y que quien viole la ley responda por sus actos. Atender esa exigencia no debilita la transformación; la profundiza, la legitima y la mantiene fiel a sus principios.
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