El expresidente peruano Ollanta Humala podrá recuperar su libertad luego de que el Tribunal Constitucional (TC) anuló el proceso penal que derivó en su condena de 15 años de prisión por lavado de activos.
La decisión, emitida al resolver un recurso de hábeas corpus presentado por la defensa del exmandatario, dejó sin efecto las actuaciones judiciales relacionadas con el caso y abrió la vía para su salida del penal de Barbadillo, donde permanecía recluido desde abril de 2025.
El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda al considerar que se vulneraron los principios de legalidad y tipicidad penal, vinculados con el derecho a la libertad personal. Con ello, invalidó el proceso que llevó a Humala, presidente de Perú entre 2011 y 2016, a recibir una condena de prisión efectiva.
Humala fue sentenciado junto con su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia, por el presunto financiamiento irregular de sus campañas electorales de 2006 y 2011. La Fiscalía sostuvo que la pareja recibió recursos no declarados, incluidos aportes presuntamente vinculados con el gobierno venezolano de Hugo Chávez y con la constructora brasileña Odebrecht.
El 15 de abril de 2025, un tribunal impuso a Humala una pena de 15 años de prisión y ordenó su ejecución inmediata. El exmandatario fue trasladado al penal de Barbadillo, en Lima, donde también han permanecido recluidos otros expresidentes peruanos investigados o condenados por delitos de corrupción.
La defensa cuestionó la base jurídica de la sentencia y promovió recursos para anular el proceso. El hábeas corpus que llegó al TC argumentó que los hechos atribuidos al expresidente fueron juzgados bajo una interpretación penal que vulneró garantías constitucionales.
La resolución no representa una declaración de inocencia ni determina que los hechos investigados no hayan ocurrido. Su alcance se concentra en la validez constitucional del proceso y en la aplicación de las normas penales utilizadas para sostener la acusación.
El fallo modifica de inmediato la situación jurídica de Humala y abre la ruta para que abandone prisión. Además, reaviva el debate sobre los límites de la persecución penal en casos de financiamiento político y sobre la interpretación del delito de lavado de activos en Perú.
