Las autoridades de Bolivia investigan una presunta red de trata de personas que habría reclutado ciudadanos para enviarlos a combatir con el Ejército de Rusia en la guerra contra Ucrania. La Fiscalía confirmó que existen al menos cuatro investigaciones abiertas en distintos departamentos del país y que tres personas permanecen bajo detención preventiva por su presunta participación en la organización.
De acuerdo con la investigación, los reclutadores captaban principalmente a personas de zonas rurales mediante ofertas de empleo en los sectores de la construcción y la agricultura en Rusia. Una vez aceptadas las propuestas, las víctimas eran trasladadas al extranjero y presuntamente obligadas a firmar contratos en ruso para incorporarse a las fuerzas militares que combaten en Ucrania. En algunos casos, también se les habría exigido el pago de hasta 20 mil dólares para cubrir supuestos trámites y traslados.
La Fiscalía boliviana informó que, hasta ahora, ha identificado al menos 16 posibles víctimas y que el principal sospechoso permanece prófugo. Los tres detenidos —familiares del presunto cabecilla— fueron enviados a prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones por el delito de trata de personas con fines de reclutamiento para conflictos armados. Las pesquisas se desarrollan en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Tarija, además de otras diligencias abiertas recientemente.
El caso comenzó a salir a la luz tras las denuncias de familiares que perdieron contacto con sus hijos o esposos después de viajar a Rusia. Algunos aseguraron que las víctimas dejaron de comunicarse semanas después de su llegada, mientras en redes sociales comenzaron a difundirse imágenes de ciudadanos bolivianos portando uniformes militares en el frente de combate.
La Embajada de Rusia en Bolivia rechazó cualquier vínculo con los presuntos reclutamientos y aseguró que no participa ni brinda asistencia para el alistamiento de ciudadanos bolivianos. No obstante, reconoció que existen nacionales del país sudamericano combatiendo en ambos bandos del conflicto. Por su parte, la Fiscalía activó mecanismos de cooperación internacional con ministerios públicos de la región para ampliar las investigaciones y localizar a posibles víctimas y responsables.
