La senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Rocío Corona Nakamura, presentó una iniciativa para reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes mediante la prohibición expresa del matrimonio infantil, el concubinato y cualquier unión similar con personas menores de 18 años, incluso cuando estas prácticas se justifiquen por usos, costumbres o tradiciones culturales.
La propuesta busca reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de fortalecer el principio del interés superior de la niñez y cerrar vacíos legales que aún permiten la persistencia de uniones tempranas en algunas regiones del país.
Además de prohibir estas uniones, la iniciativa plantea impedir que los adolescentes que trabajan puedan ser obligados a laborar jornadas extraordinarias, al considerar que esta práctica afecta su desarrollo físico, mental y educativo.
Corona Nakamura sostuvo que, aunque México ha avanzado en la prohibición legal del matrimonio infantil, esta práctica continúa registrándose de manera informal, principalmente en comunidades rurales y de alta marginación, donde persisten uniones tempranas que limitan el acceso de niñas y adolescentes a la educación, la salud y una vida libre de violencia.
La legisladora argumentó que estas reformas buscan consolidar en la legislación los avances alcanzados en la protección de la infancia y garantizar que ninguna práctica cultural prevalezca sobre los derechos de las personas menores de edad.
En materia laboral, la senadora recordó que la edad mínima para trabajar en México es de 15 años, pero advirtió que muchos adolescentes continúan expuestos a jornadas excesivas que afectan su permanencia escolar y su bienestar. Citó estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que vinculan el trabajo infantil con afectaciones físicas, psicológicas y menores oportunidades de desarrollo profesional en la vida adulta.
El tema ha cobrado relevancia en el Congreso durante los últimos meses. En marzo, legisladores presentaron otras iniciativas para fortalecer los mecanismos de prevención del matrimonio infantil y crear protocolos de atención para niñas y adolescentes en riesgo de ser sometidas a uniones forzadas.
Organismos internacionales como UNICEF han señalado que, si bien México ya estableció los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, las uniones tempranas continúan representando una vulneración de los derechos de niñas y adolescentes, por lo que consideran necesario reforzar las acciones de prevención y protección más allá del marco legal.
