Una jueza federal de Estados Unidos ordenó el jueves pasado al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y a GEO Group, la empresa privada que opera el Centro de Procesamiento de Adelanto en California, realizar correcciones inmediatas en las condiciones de dichas instalaciones. La resolución se dictó tras el fallecimiento de cuatro ciudadanos mexicanos bajo custodia en ese centro.
La magistrada determinó que es probable que las condiciones actuales del lugar violen la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual prohíbe el trato inhumano a personas bajo custodia. El fallo señala deficiencias críticas que comprometen la integridad de los detenidos, destacando la falta de acceso a agua potable, una alimentación insuficiente y la ausencia de atención médica adecuada.
El Centro de Procesamiento de Adelanto ha sido objeto de escrutinio constante por parte de organizaciones de derechos humanos y autoridades judiciales debido a sus protocolos operativos. Esta orden judicial representa un paso significativo en la supervisión de las instalaciones gestionadas por contratistas privados bajo la jurisdicción del ICE.
Las implicaciones de esta resolución podrían sentar un precedente para la supervisión de otros centros de detención migratoria en el país. Se espera que tanto el ICE como GEO Group presenten un plan de acción para subsanar las irregularidades señaladas por la corte, mientras continúa la vigilancia sobre el bienestar de las personas recluidas en dicho centro.
