Tras una audiencia de casi 40 horas, el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, tras dictarse en su contra la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El exmandatario fue detenido el pasado 16 de julio por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de participar en una red de delincuencia organizada dedicada al contrabando de hidrocarburos.
La investigación federal vincula a Ruffo Appel con la empresa Ingemar S.A. de C.V., donde figura como accionista mayoritario. Según la FGR, dicha organización operaba un esquema de importación irregular de combustible desde Estados Unidos, manipulando documentación aduanera para declarar volúmenes menores a los reales y evadir impuestos, lo que habría causado un daño patrimonial estimado en más de 4 mil millones de pesos entre 2019 y 2026.
Durante las audiencias iniciales, que se extendieron a lo largo del fin de semana, la defensa de Ruffo Appel obtuvo un amparo contra actos de incomunicación y tortura. Por su parte, el exgobernador argumentó, según reportes periodísticos, que el entorno de operaciones del sector era complejo y que habría intentado vender sus acciones en la compañía, aunque dicha salida le habría sido impedida por otros socios.
Junto al exgobernador, la FGR detuvo a otras personas presuntamente vinculadas a esta red, incluidos Ricardo Thompson Navarro y otros accionistas de firmas relacionadas con el esquema de logística y comercio exterior. La Fiscalía ha subrayado que todos los implicados gozan de la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria firme.
