La discusión sobre la explotación de yacimientos no convencionales en México ha cobrado nueva relevancia en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y una creciente volatilidad en los mercados energéticos. Episodios recientes en Medio Oriente, así como las disrupciones en cadenas de suministro globales, han reconfigurado los incentivos para el desarrollo de recursos energéticos y han puesto nuevamente sobre la mesa la necesidad de fortalecer la seguridad energética.
En este escenario, la estrategia para fortalecer la soberanía energética presentada por la presidenta de México el pasado 8 de abril adquiere una importancia central. Su planteamiento es claro: reducir la dependencia externa, avanzar de manera ordenada en la transición energética y, al mismo tiempo, impulsar el desarrollo económico y regional.
Actualmente, México enfrenta una alta dependencia en el suministro de gas natural. Las importaciones cubren aproximadamente el 75% de la demanda, y tan solo en 2025 se importaron cerca de 6.8 miles de millones de pies cúbicos diarios, de los cuales el 80% provino de Texas y el resto principalmente de California. Esta concentración geográfica no solo refleja una dependencia comercial, sino una vulnerabilidad estructural frente a eventos climáticos, fluctuaciones de precios y decisiones externas que pueden afectar la continuidad del suministro.
A pesar de este contexto, la demanda de gas natural continúa creciendo. En los últimos quince años, el consumo nacional pasó de alrededor de 6.3 MMpcd en 2010 a más de 9.1 MMpcd en 2025, con proyecciones que apuntan a superar los 10.8 MMpcd hacia 2030. Este crecimiento está impulsado principalmente por el sector eléctrico, que se ha consolidado como el principal consumidor, seguido por Pemex, la industria y el sector comercial y residencial.
Sin embargo, el aumento en la demanda no ha sido acompañado por un crecimiento equivalente en la producción nacional. En 2025, México produjo apenas 2.3 MMpcd, lo que representa cerca de una cuarta parte del consumo total. Esta brecha estructural explica la magnitud de las importaciones y refuerza la necesidad de fortalecer la producción interna.
En este contexto, la explotación de yacimientos no convencionales se presenta como una alternativa relevante. Estos recursos, principalmente hidrocarburos de lutitas (shale), se encuentran atrapados en formaciones de baja permeabilidad, lo que dificulta su extracción mediante métodos tradicionales.
La técnica más utilizada para su aprovechamiento es la fracturación hidráulica, o fracking, que consiste en la inyección de agua, arena y aditivos a alta presión para generar fracturas en la roca y liberar los hidrocarburos. Aunque esta tecnología ha sido objeto de debate, a nivel internacional ha demostrado su capacidad para transformar sistemas energéticos.
El caso de Estados Unidos es ilustrativo. A inicios de los años 2000, ese país enfrentaba una creciente dependencia energética; sin embargo, el desarrollo del shale le permitió no solo incrementar su producción de manera acelerada, sino convertirse en el principal productor mundial de gas natural, superando los 110 mil millones de pies cúbicos diarios. Este proceso estuvo acompañado de fuertes inversiones, esquemas financieros diversificados y una rápida capacidad de adaptación a las condiciones del mercado.
En México, el desarrollo de estos recursos ha sido limitado, principalmente por factores regulatorios, sociales y ambientales. No obstante, el país cuenta con un potencial significativo. Se estima que los recursos prospectivos ascienden a más de 224 mil MMMpc, de los cuales una parte importante corresponde a yacimientos no convencionales, particularmente en las cuencas de Sabinas–Burro Picachos, Burgos y Tampico-Misantla.
La estrategia energética nacional plantea aprovechar este potencial mediante un enfoque integral. Por un lado, busca incrementar la producción nacional —tanto convencional como no convencional— bajo estándares técnicos que garanticen eficiencia y seguridad. Por otro, plantea avanzar en la transición energética, con el objetivo de elevar la participación de energías renovables del 24% al 38% hacia 2030. A ello se suma la creación de mecanismos de gobernanza científica y ambiental que permitan supervisar las operaciones y reducir riesgos.
En términos económicos, la explotación de yacimientos no convencionales podría generar beneficios relevantes. Se estima que esta actividad podría aportar ingresos adicionales por alrededor de 53 mil millones de pesos anuales, además de detonar cadenas de valor en sectores como construcción, transporte, servicios y manufactura. Esto se traduciría en generación de empleo y dinamización de economías regionales, particularmente en el norte del país.
No obstante, también existen desafíos importantes. El desarrollo de estos proyectos requiere inversiones significativas en infraestructura, particularmente en transporte, almacenamiento y gestión del agua. Asimismo, implica fortalecer las capacidades institucionales y regulatorias para garantizar que su implementación sea eficiente, transparente y socialmente responsable.
Desde el punto de vista ambiental, los retos son igualmente relevantes. La fracturación hidráulica implica un uso intensivo de agua, la generación de residuos y riesgos potenciales de contaminación si no se gestiona adecuadamente. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que estos impactos pueden mitigarse mediante el uso de tecnologías avanzadas, reciclaje de agua, sistemas cerrados de manejo de residuos y monitoreo continuo.
En este sentido, la estrategia incorpora medidas específicas, como la reutilización de entre 50% y 80% del agua utilizada, el uso de agua no potable y la creación de un comité de especialistas que emitirá recomendaciones técnicas en materia ambiental y de sostenibilidad.
Finalmente, el contexto internacional también juega un papel relevante. Conflictos recientes, como las tensiones en Medio Oriente, han generado presiones al alza en los precios del petróleo, lo que puede mejorar la viabilidad económica de proyectos no convencionales. Sin embargo, también introduce incertidumbre y volatilidad que deben ser consideradas en la planeación de largo plazo.
En conjunto, la explotación de yacimientos no convencionales en México requiere un enfoque integral que articule los componentes técnicos, económicos y ambientales. En este sentido, la estrategia energética presentada por la actual administración constituye una hoja de ruta clara para reducir la dependencia externa, fortalecer la producción nacional y avanzar en una transición energética ordenada.
Su implementación, bajo criterios de rigor técnico, sostenibilidad y coordinación institucional, tiene el potencial de consolidarse como una palanca para fortalecer la seguridad energética, atraer inversión y promover el desarrollo regional, contribuyendo al crecimiento económico y al bienestar de la población.
